Columna de Opinión

Nuestro país se enfrenta de forma continua a los perjuicios del cambio climático. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), somos altamente vulnerables a la sequía, aluviones y marejadas, entre otros riesgos de desastre. Nuestra geografía compleja, y los niveles pronunciados de desigualdad socioeconómica que lamentablemente nos caracterizan, nos deja particularmente expuestos.

La forma en que además habitamos el territorio, densificando vivienda de mala calidad en cerros, quebradas y humedales, y la progresiva pérdida de la confianza en las instituciones responsables de gestionar el riesgo de desastre, terminan por convertir toda posible amenaza en un desastre de envergadura.

Los incendios forestales se han convertido en los desastres más frecuentes y dramáticos en los últimos años. Son eventos multidimensionales que provocan pérdidas humanas, así como materiales y productivas.

El fuego arrasa con viviendas e infraestructura, dejando miles de damnificados cada año. Casos extremos como el de 2017 en las regiones de Maule y Biobío, contribuyen además fuertemente al incremento anual de emisiones de gases de efecto invernadero. Se merman hectáreas de bosque nativo, y se degradan los suelos, reverberando luego con deslizamientos de tierra en otras épocas del año.

La recuperación post-desastre suele ser lenta, burocrática y puede hasta inestabilizar los presupuestos locales, sin necesariamente llegar a los más vulnerables en comunas medianas y rurales, como lo son los desempleados e inmigrantes. Comunidades completas pierden así toda su confianza en las autoridades, desobedeciendo indicaciones preventivas o preparatorias.

Según monitoreos de CONAF, esta temporada los incendios se han anticipado más de lo previsto. Comenzamos noviembre con alertas de evacuación en la región de Valparaíso, reviviendo el trauma social de la gran tragedia de Viña del Mar en febrero de este mismo año, así como también incendios en comunas de Maule.

El próximo domingo 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores/as regionales en 11 regiones donde ninguno de los candidatos superó el 40% de los votos. Valparaíso y Maule son dos regiones que tendrán balotaje mientras se encuentran en alerta por voraces incendios forestales. Probablemente, muchos y muchas ciudadanas que revisen su mesa de votación en el teléfono ese día, tendrán que hacerle quite primero a una alarma de evacuación.

Resulta incomprensible que, lejos de apropiarse de este tema -aunque sea por mero oportunismo, para obtener réditos en los comicios-, ninguno de los cuatro candidatos en estas regiones haya anunciado un plan para la temporada de fuego.

Una revisión de los mensajes de campaña de los cuatro candidatos en la prensa, desde los resultados de las últimas elecciones a la fecha, denota la poca relevancia de la prevención y combate de emergencias forestales en ambas regiones. No lo abordan ni los candidatos de oposición ni los incumbentes que van a la reelección. Solo lo han destacado como parte de las gestiones actuales de sus equipos a propósito de inversiones hechas en cuarteles, carros y equipos para bomberos de comunas específicas, y reforzando el mensaje de los organismos de emergencia durante los siniestros del 12 y 13 de noviembre. Esas son reacciones, mas no planes regionales.

Los gobiernos regionales tienen sin embargo atribuciones importantes a la hora de enfrentar riesgos de desastre. Aunque comparte la toma de decisiones con otras instituciones, el gobierno regional actúa como bisagra entre el gobierno central y los actores descentralizados del territorio, públicos y privados.

Es uno de los actores centrales en el Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastre, creado mediante la Ley 21.364 de 2021 que estableció el SENAPRED, para encargarse de planificar y coordinar la prevención, mitigación, preparación y respuesta ante emergencias. El o la gobernadora regional lidera también la elaboración de mapas de riesgo de su jurisdicción, levantando información desde los distintos organismos locales.

Las campañas electorales son el lugar y momento para que la ciudadanía conozca planes de este tipo, especialmente considerando las atribuciones que les tocan a los candidatos electos en todas las fases del ciclo de desastre. Planifican en escritorios y coordinan en terreno, contando con partidas presupuestarias de las que les podemos hacer responsables.

Más allá de los votantes partidistas o politizados, que tienen decidido su voto sin necesidad de exponerse a información de campaña, los candidatos logran un verdadero efecto movilizador en los desinteresados en la política, aquellos sin preferencias claras, que forman el grueso de los sectores menos acomodados.

Son los mismos sectores que más sufren las consecuencias de los megaincendios forestales, por habitar zonas de mayor riesgo, cerca de pastizales y monocultivos, o en tomas sin servicios básicos. Tendrán sin dudas algo que manifestar en este próximo balotaje, cuando recuerden en las urnas que poco o nada les han informado sobre cómo se gestionará el fuego en este verano de 2025.