El organismo indicó que dichos productos no cuentan con calidad ni eficiencia garantizada. A su vez, indicaron que su consumo pone en riesgo a la salud pues pueden contener sustancias peligrosas.
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De los funcionarios involucrados, 23.745 siguen en funciones, mientras que 5.525 ya no trabajan en el servicio público. Sin embargo, incluso entre quienes dejaron sus cargos, 2.947 continúan sometidos a sumarios administrativos.
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