Columna de Opinión

La reciente presentación del Presupuesto 2026, con un aumento del 10% para el sector cultural, hace unas semanas desató polémica y titulares alarmistas. Sin embargo, ese incremento –aunque relevante en términos comparativos– se aplica sobre una base mínima: la cultura actualmente representa apenas el 0,5% del gasto público total, con proyección de alcanzar el 0,6% para el 2026. Esto significa que seguimos destinando menos de un uno por ciento a un ámbito que incide directamente en la calidad de vida, la salud, la educación, el medioambiente, la economía y la convivencia democrática.

Más que un exceso, ese aumento revela la magnitud de un déficit histórico. Si aspiramos a una sociedad democrática, sostenible e inclusiva, la cultura no puede seguir tratándose como un gasto accesorio, sino como un componente estructural del desarrollo humano, la cohesión social y el bienestar colectivo. 

A pocas semanas de la primera vuelta presidencial, la cultura vuelve a quedar al margen del debate político. Apenas se menciona –si es que aparece– en los programas de gobierno, y cuando lo hace, suele ser de forma superficial y sectorizada, como si fuera una promesa para “más adelante”, después de los llamados “temas prioritarios”. ¿Por qué la cultura no forma parte de los grandes debates nacionales? 

Si la cultura es el modo en que una sociedad se piensa, se narra y se cuida, su ausencia en el debate político revela el lugar que aún ocupa –o no– en la imaginación del poder.

La cultura no pertenece solo a artistas o agentes culturales; es parte constitutiva de todas las personas, sus modos de vida y su relación con el mundo. La vida cultural es un derecho humano –reconocido por la UNESCO y reafirmado en la Declaración de Mondiacult 2025, que instó a los Estados a “incorporar la cultura como un pilar del desarrollo sostenible y un derecho fundamental”– y, por tanto, debe ser garantizada por el Estado. Validarla como derecho no debe ser solamente una consigna de un programa de gobierno, sino una necesidad democrática.

La cultura no puede seguir siendo el último punto de las propuestas. Debe convertirse en un eje transversal de gobierno, un principio que articule educación, salud, medio ambiente, urbanismo, seguridad y convivencia.

Sin embargo, el debate político parece haberse empobrecido. La palabra “seguridad” domina las agendas y durante la carrera presidencial pareciera ser que hablar sobre cultura es hablar de cosas que no importan, de cuestiones opuestas a una vida segura.

Durante MONDIACULT 2025, el consultor en gestión pública, convivencia y urbanismo Jorge Melguizo identificó este problema: “lo contrario a la inseguridad no es más seguridad; lo contrario a la inseguridad es la convivencia. Y eso se logra con proyectos políticos, sociales y culturales”.