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La instalación de una antena de telecomunicaciones habría provocado daños parciales en geoglifos de más de mil años ubicados en el sector de La Encañada, en la comuna de María Elena, Región de Antofagasta.

La denuncia fue difundida por la Fundación Desierto de Atacama a través de sus redes sociales y recogida originalmente por The Clinic. La organización, dedicada a la protección del patrimonio arqueológico, dio a conocer imágenes aéreas que evidenciarían intervenciones sobre estas figuras inscritas en el desierto y reconocidas como monumentos arqueológicos por el Consejo de Monumentos Nacionales.

De acuerdo con el presidente de la fundación, el arqueólogo Gonzalo Pimentel, las antenas fueron instaladas hace más de dos décadas, aunque el impacto sobre los geoglifos solo pudo ser identificado tras la revisión de registros tomados desde el aire.

“Desconocemos qué empresa instaló las antenas, aunque tampoco actuamos como persecutores legales de estas malas prácticas empresariales. Eso le corresponde a los organismos pertinentes, como el Consejo de Monumentos Nacionales”, señaló.

Los geoglifos de la zona fueron elaborados por pueblos prehispánicos entre los años 700 y 1.500 d.C., según antecedentes del Consejo de Monumentos Nacionales. Se estima que estas representaciones cumplían una función de orientación para las caravanas que recorrían el territorio, conectando la pampa con valles, quebradas, cordilleras y áreas costeras.

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Su conservación durante siglos se explica, en parte, por las condiciones extremas del desierto de Atacama. Las escasas precipitaciones, la alta radiación solar y la limitada presencia de vegetación han permitido que estas expresiones arqueológicas permanezcan visibles hasta la actualidad.

Sin embargo, la Fundación Desierto de Atacama advirtió que la protección legal no ha sido suficiente para evitar nuevas afectaciones. Aunque estos sitios están amparados por la Ley de Monumentos Nacionales, Pimentel sostuvo que “la legalidad por sí misma no asegura la protección física del bien, estando la mayoría de los sitios sin un resguardo real que asegure su integridad y conservación en el tiempo”.

La denuncia se suma a otros episodios reportados por la misma organización. En 2024, la fundación alertó sobre el tránsito de miles de motocicletas y camionetas por sectores patrimoniales durante carreras todoterreno autorizadas e ilegales en el desierto de Atacama.

Posteriormente, la entidad también cuestionó la restauración del Geoglifo de Talabre, luego de que la actividad minera afectara la figura asociada a ese sitio arqueológico.

Para Pimentel, la falta de protección responde a una mirada histórica sobre el territorio. “Tanto el Estado como las grandes mineras han visto históricamente al desierto de Atacama como un lugar para extraer riquezas, pero raramente como una zona de cuidado y de valor patrimonial”, afirmó.

El arqueólogo agregó que “el actual modelo extractivista que promueve el Estado y las grandes empresas ha sido el principal responsable de la poca o nula protección que poseen o, más bien, de su acelerada destrucción”.

Desde la fundación plantearon la necesidad de avanzar hacia una política pública integral para resguardar los geoglifos del norte del país. Como referencia, Pimentel mencionó el Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca, en Perú, que protege miles de kilómetros cuadrados de desierto y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

“Se requiere urgente de una política estatal integral que asegure su protección. No solo poseen un alto valor arqueológico, histórico y social, sino que también pueden producir valor económico”, concluyó.