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El caso de Luis Castillo Opazo ha marcado las últimas semanas del gobierno, pues si bien la polémica por los indultos parecía un tema que había quedado atrás, la detención de este sujeto por secuestro extorsivo reactivó el tema.

Según publica El Mercurio, la situación de Castillo complicó la al mandatario justo a un año exacto de su decisión de liberar a 12 condenados por delitos en el marco del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna. De hecho, el jefe de Estado no ha abordado el tema directamente.

De acuerdo a la publicación, de los 13 indultados, dos se encuentran en la cárcel -el imputado por secuestro y uno que tenía penas anteriores- y respecto de los 11 restantes, solo se controla su firma mensual por parte de Gendarmería.

Al respecto, el titular de Justicia, Luis Cordero, aseguró que no existen antecedentes que den cuenta de que hayan delinquido, y que han cumplido mensualmente con su obligación de reportarse, descartando que exista un plan de reinserción obligatorio o el deber de informar un trabajo, por ejemplo.

Desde la confirmación de la captura del indultado, el Ejecutivo desplegó vocerías a cargo del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la ministra Segegob, Camila Vallejo, donde se puso el énfasis en que se trataba de un delito presunto.

No obstante, se presentó una querella contra Castillo, que omitía su prontuario de cuatro condenas y 16 detenciones, además de su calidad de beneficiado por el Presidente.