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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este martes que otorgó medidas cautelares a favor de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil, desaparecida en Máfil, región de Los Ríos, en circunstancias sospechosas y tras recibir múltiples amenazas.

Según estableció la CIDH en la Resolución 48/2025 del 14 de julio, los derechos de Julia Chuñil Catricura (Huichaco, 1952) "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable", por lo que solicitó a Chile "redoblar esfuerzos para determinar su situación y paradero" y mantener informada a su familia.

Si bien el organismo "valoró el compromiso y las acciones" realizadas por el Estado chileno en el marco de este caso, "observó con preocupación que tras más de siete meses desde la desaparición de la beneficiaria no se ha dado con su paradero ni se cuenta con información que permita el esclarecimiento de los hechos".

El paso del tiempo, estimó la Comisión, puede "dificultar la eventual ubicación de la beneficiaria y es susceptible de generar mayores afectaciones a sus derechos a la vida e integridad personal".

La activista de 72 años fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024, cuando salió a buscar a sus animales en un cerro cercano a su vivienda acompañada de su perro Cholito.

“La CIDH da un mensaje claro: aquí el Estado tiene que multiplicar sus esfuerzos para dar con el paradero de mi madre. Y eso implica que se destinen más recursos y policías a la investigación y que la Fiscalía dialogue más con nosotros", dijo a la organización Escazú Ahora el hijo mayor de Chuñil, Pablo San Martín.

"No puede ser que llevemos más de 8 meses sin ningún avance concreto. El Estado tiene que redoblar sus esfuerzos y tiene que incluirnos a nosotros, la familia, en este proceso por la búsqueda de verdad y justicia. Nos tiene que mantener informados y al tanto de cómo avanza esta investigación”, agregó.

Escazú Ahora denuncia que la activista ha sido víctima desde 2018 de amenazas verbales, intimidaciones físicas e incluso ataques contra su propiedad por parte de empresarios locales que quieren explotar un bosque nativo de 900 hectáreas y comercializar su madera.

“Con estas medidas, la CIDH da una señal clara sobre la urgencia de proteger a quienes defienden la tierra, el agua y el medioambiente frente a amenazas reales y gravísimas. Necesitamos crear institucionalidad y condiciones para que nunca más tengamos que enfrentar desapariciones como esta en nuestro país”, afirmó el presidente de la organización, Sebastián Benfeld.

En enero pasado, la Fiscalía informó la aplicación en este caso de un protocolo de derechos humanos derivado del Acuerdo de Escazú, el gran pacto de Latinoamérica por la naturaleza y el primero en el mundo que incluye la protección de los activistas medioambientales, para intensificar la búsqueda de Chuñil.