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Por primera vez en la historia del país, un órgano del Estado chileno reconoció de manera institucional que las personas afectadas por Colonia Dignidad —actual Villa Baviera— son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. 

Esto luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentara un informe histórico que califica a Colonia Dignidad como escenario de las más graves violaciones a los derechos humanos en Chile. 

Según publica Radio Biobío, el documento, de 206 páginas y aprobado por unanimidad por el Consejo del INDH, afirma que el Estado chileno actuó con omisión grave, al no intervenir de forma oportuna ni eficaz para proteger a las personas afectadas.

El informe califica los hechos ocurridos en la excolonia alemana como una de las “más extensas y complejas tramas de abusos sistemáticos conocidas en Chile”.

Hoy nuestra Asociación estuvo presente en la presentación del Informe "Vulneraciones a los Derechos Humanos: el caso de la ex Colonia Dignidad".
Esta actividad estuvo encabezada por Consuelo Contreras, Directora del @inddhh
Acá puedes ver el Informe. https://t.co/OKgyPSd75u pic.twitter.com/c70YJUA8fc

— Colonia Dignidad (@DDHHcdignidad) June 25, 2025

El texto recoge testimonios impactantes y evidencia reunida desde 2019, tras una misión de observación al lugar que incluyó entrevistas, visitas a Villa Baviera y reuniones con residentes.

“El Estado no intervino de manera inmediata ni eficaz”, sostiene el documento, que también señala que hasta ahora no se había reconocido oficialmente la calidad de víctimas de derechos humanos a los sobrevivientes, salvo aquellos directamente vinculados a la represión dictatorial.

La directora del INDH, Consuelo Contreras, quien presentó el informe en su última actividad pública antes de dejar el cargo, fue enfática: “No se puede hablar de memoria, verdad y reparación si el Estado sigue eludiendo su responsabilidad con las víctimas de Colonia Dignidad”.

PROPUESTAS

Además de describir en detalle los crímenes cometidos -trabajo forzado, tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y colaboración con organismos represivos durante la dictadura-, plantea una hoja de ruta con medidas concretas para avanzar hacia la verdad, justicia y reparación.

Entre las propuestas destacan la creación de una comisión oficial investigadora, una política pública integral de memoria y reparación, y el reconocimiento formal de la condición de víctimas para quienes sufrieron violaciones fuera del período de la dictadura, algo que hasta ahora no había ocurrido.

El informe respalda además la decisión del Ejecutivo de expropiar parte de los terrenos del enclave, reiterando que dicha medida debe ser acompañada por un enfoque de derechos humanos, participación efectiva de las víctimas y transparencia estatal.