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A más de cincuenta años de la Caravana de la Muerte, familiares de dos víctimas acusan la eventual ayuda que se habría entregado durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz–Tagle para la liberación del dictador Augusto Pinochet durante su detención en Londres.

Según información consignada por Radio BioBio, la querella presentada por la abogada Karinna Fernández, apunta a hechos ocurridos entre 1999 y 2000, luego de la detención de Pinochet tras una solicitud de extradición a España para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

La demanda apunta a la elaboración de un informe con el fin de simular el deterioro mental de Pinochet, lo que finalmente permitió su regreso a Chile.

Uno de los antecedentes clave es el testimonio del exasesor Cristián Toloza, quien en abril señaló que el informe instruía a Pinochet a actuar como si padeciera pérdida de memoria e incluso pensamientos suicidas. 

Toloza también aseguró haber trasladado a Londres un documento reservado donde el propio Pinochet autorizaba la ejecución sumaria de prisioneros durante la Caravana de la Muerte, con el objetivo de demostrar que el país estaba en condiciones de juzgarlo.

Por estos antecedentes, en la querella se asegura que “se deduce inequívocamente que, ante la inminente posibilidad de ser juzgado en el marco de la jurisdicción universal, los agentes estatales involucrados en estos hechos desplegaron un esfuerzo coordinado al más alto nivel político para sustraer al dictador de la justicia internacional, y posteriormente nacional”.

Entre las diligencias del caso, se pidió la citación a declarar de varios exfuncionarios, como los excancilleres José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés, el exembajador Pedro Cabrera y el actual ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren.