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La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, detalló ayer las nuevas disposiciones para las transferencias fiscales a las ONG sin fines de lucro, con el fin de evitar irregularidades como en el caso de Democracia Viva y otras fundaciones cuestionadas.

Martínez expuso en la tarde en la comisión especial mixta del Presupuesto 2024, donde informó que el Gobierno inhabilitará estas transferencias cuando funcionarios públicos sean cónyuges, convivientes o familiares de miembros de la ONG.

También habrá inhabilidad en el caso de funcionarios públicos que hayan prestado servicios remunerados o no, o desempeñado labores directivas en una de estas fundaciones, en los dos años inmediatamente anteriores al cargo público.

Además se exigirá concursabilidad y convenios obligatorios para transferencias corrientes y de capital a privados, con la excepción de que no haya más oferentes o exista solo una personalidad jurídica.

Otra exigencia será de la una garantía. "Hoy día la norma general no exige garantía, ahora la norma general va a exigir garantía, que puede ser una boleta de garantía, pero también puede ser otra forma de establecer garantía", explicó Martínez.

La directora de Presupuestos añadió que se exigirán "años de experiencia y años de creación de la institución privada sin fines de lucro, hoy día la regla general no exige eso, ahora sí lo va a exigir para la ejecución de políticas públicas".

Finalmente, anunció que a la ONG que se adjudique recursos para una política pública se les prohibirá el fraccionamiento, la subcontratación y habrá traspasos conforme a avance de ejecución.