Click acá para ir directamente al contenido

Actualidad

Alcalde de San Ignacio quedó en prisión preventiva por delitos económicos

César Figueroa está acusado de fraude al fisco, cohecho y falsificación de instrumento público, entre otras faltas a la ley.

  • Comparte
  • Disminuir tamaño de letra
  • Aumentar tamaño de letra
  • Diario Usach

  • Martes 18 de abril de 2023 - 21:57

El Juzgado de Garantía de Bulnes decretó prisión preventiva contra el alcalde de San Ignacio, César Figueroa, quien fue acusado por delitos de cohecho, fraude al fisco, falsificación de instrumento público y malversación.

Esta formalización se dio luego que la Policía de Investigaciones (PDI) detuviera a siete individuos por su presunta participación en diversos delitos financieros. Aquí, a parte del edil, figuran el jefe de gabinete de la comuna, Edgardo Suazo; el tesorero municipal, Hugo Troncoso; el director de salud, Krysler Monroy; el jefe administrativo del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Ñiquén, Carlos Fernández Aedo; el empresario Rodrigo Carmona y su colaborador Rodrigo Sandoval.

De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, durante la audiencia, la magistrada dictó la máxima cautelar para el jefe comunal, el funcionario público Krysler Monroy, el empresario Rodrigo Carmona y su colaborador Rodrigo Sandoval por fraude al fisco, cohecho y otros delitos.

El jefe de gabinete fue imputado por los delitos de cohecho y fraude al fisco por lo que deberá cumplir con la cautelar de arresto domiciliario total.

Por su parte, Troncoso, quien fue imputado por el delito de cohecho, quedó con cautelares de arraigo nacional, firma mensual, prohibición de acercarse al municipio y comunicarse con los otros imputados.

En tanto, el funcionario de la Municipalidad de Ñiquén, quien fue acusado por los delitos de violación de secreto y cohecho quedó con las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la Municipalidad de Ñiquén y de comunicarse con los otros imputados.

Finalmente, el Juzgado de Garantía dio siete meses como plazo para que se lleve a cabo la investigación.

 

 

Leer también