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La Fiscalía Supraterritorial y la PDI detuvieron a 58 personas imputadas por integrar una estructura criminal dedicada a la elaboración de armas de fuego mediante el uso de impresoras 3D, las que eran puestas a la venta en plataformas de mensajería.

Para su comercialización utilizaban Facebook, WhatsApp y Telegram, con el fin de ocultar su identidad, y posteriormente trasladar tanto las armas, como la munición, partes o piezas, a través de distintas empresas de courier.

Entre los detenidos se cuentan una carabinera y un funcionario del Ejército que serán formalizados por delitos de cohecho y asociación criminal, la primera, y por tráfico ilícito de armas y munición el segundo.

Los integrantes de este grupo criminal son chilenos y algunos venezolanos y colombianos, incluidos 10 armeros dedicados a las confección de las armas 3D. Además, se cuentan siete menores de edad.

En total fueron allanados 100 domicilios entre las regiones de Tarapacá hasta Aysén, se incautaron más de 70 armas convencionales y algunas de fantasía adaptadas, de las cuales 14 eran hechas con impresoras 3D. Los valores fluctuaban entre los $80.000 y $250.000.