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La Comisión de Salud aprobó, por seis votos a favor y dos abstenciones, la idea de legislar sobre el proyecto que modifica el Código Sanitario para establecer una responsabilidad civil por los daños causados por medicamentos anticonceptivos defectuosos.

El objetivo de la iniciativa es reparar a mujeres que hayan tenido como resultado un embarazo no planificado. Para ello, incorpora una presunción de causalidad cuando exista un embarazo y alerta emitida por el Instituto de Salud Pública (ISP).

La idea es que sea carga del laboratorio probar que el defecto no podría haber generado dicho daño. También, eleva las multas que puede aplicar el ISP. Paralelamente, establece el efecto retroactivo de la ley, para los casos que generaron el proyecto, que se estiman en 140 mujeres afectadas.

Luego de recibir a una serie de invitados del ISP, laboratorios farmacéuticos y una especialista en Derecho Privado, procedieron a la votación. Las y los parlamentarios manifestaron ciertas dudas que esperan solucionar en la discusión en particular.

Marianela Formas, de la Cámara de Innovación Farmacéutica, comunicó que, a nivel mundial, el 16% de las mujeres utiliza métodos anticonceptivos orales. La cifra en Chile alcanza el 22%. Indicó que la eficacia en ensayos clínicos es de 99,7%, es decir, un 0,3% de falla. Esto aumenta al 8% en la población real.

Elmer Torres de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de Chile (Asilfa) consideró que el proyecto está basado en presunciones. También lo consideró contraproducente, al desincentivar el sistema de alarmas y retiros voluntarios. Agregó que es prácticamente imposible determinar la trazabilidad del tratamiento y, por ende, que los laboratorios prueben la inexistencia de causalidad.

En tanto, Richard Nevares, de Laboratorio Grünenthal, compartió que es compleja la trazabilidad. De igual modo, determinar la causa de un embarazo no deseado por inefectividad de anticonceptivos, ya que ninguno tiene una eficacia del 100%.

Al respecto, el asesor del Ministerio de Salud, Jaime Junyent, sostuvo que el Estado no tiene atribuciones para abordar los casos de las afectadas y no puede ofrecer ni siquiera representación jurídica. Sin embargo, dijo que se puede estudiar un eventual acompañamiento. Añadió que comparten el espíritu del proyecto y que pretenden solucionar los temas técnicos mediante indicaciones, las cuales se podrán presentar hasta el 4 de agosto.