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El Presidente Gabriel Boric anunció este jueves la construcción de una planta desaladora en el norte del país que permitirá distribuir agua para consumo humano y productivo y enfrentar así la sequía.

"Están muriendo animales, muriendo cosechas, cambiando la forma de vivir de la gente y los estamos obligando, en muchos casos, a migrar (...) El desafío es muy grande porque tenemos que adaptarnos a una megasequía", dijo el mandatario desde la región de Coquimbo, 460 kilómetros al norte de Santiago.

Boric indicó que también se construirán pozos y que antes de que acabe el año se presentará un proyecto de ley en congreso para que el Ministerio de Obras Públicas tenga la facultad de construir plantas desalinizadoras que produzcan agua para subsistencia y riego.

"Antes del 2023 vamos a ingresar un proyecto de ley que asegure que el Estado va a poder construir plantas desaladoras, ya sea mediante iniciativa propia o por concesión", anticipó.

Coquimbo es una de las regiones más afectadas por la megasequía que vive Chile desde hace casi 15 años y registra un déficit de precipitaciones de entre el 88,3 % y el 67,8 %, dependiendo de la zona.

La región posee además cinco de los siete embalses del país que están a menos del 20 % de su capacidad, de acuerdo a la información de la Presidencia chilena.

Aunque el país ha vivido uno de los inviernos más lluviosos de los últimos 15 años, los expertos alertan de que la sequía no se ha erradicado y de que existe una gran probabilidad de que se desarrolle vegetación fina y muerta en la zona centro-sur y pronostican además un alargamiento del verano.

La escasez de lluvias es consecuencia directa de la crisis climática, pero diversos expertos aseguran que la sequía en distintas zonas del país -especialmente el centro y el norte- se ha agravado debido al régimen privado de propiedad de agua que rige desde la dictadura militar (1973-1990).

Chile es uno de los países con el mayor nivel de privatización del agua del mundo: se calcula que hoy en día el 80 % de los recursos hídricos del país están en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.