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El gobierno del presidente Javier Milei planea recortar otros 20 mil empleos en Argentina a través de un programa de retiros voluntarios anticipados, lo que desató este lunes las críticas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que marchará el miércoles a la residencia oficial del mandatario para protestar contra la medida.

De acuerdo a un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el nuevo régimen de retiro voluntario ofrecerá a los empleados de plantilla del Gobierno nacional que tengan entre 58 y 63 años la posibilidad de terminar la relación laboral a cambio de una indemnización y el compromiso de no volver a ser contratados por dependencias públicas por los siguientes ocho años.

Los trabajadores que podrían optar por este retiro voluntario alcanza a 21.187 personas, según ATE, que denunció a través de un comunicado que el plan gubernamental es una forma de "despido extorsivo" y convocó una protesta para este miércoles frente a la residencia presidencial de Olivos (provincia de Buenos Aires).

La edad jubilatoria en Argentina es de 60 años para mujeres y 65 para hombres, en ambos casos siempre que esas personas pueden acreditar al menos 30 años de empleo registrado con aportes previsionales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los firmantes del decreto junto a Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, celebró la medida en su cuenta de X: "Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos".

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también se expresó este lunes mediante un comunicado: "No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social. No se aguanta más".

ATE, el principal sindicato estatal de Argentina, planteó además que existen presiones en las dependencias públicas para que los empleados elegibles se inclinen por aceptar las condiciones de retiro ofrecidas.

El Ejecutivo de Milei impulsa desde su llegada al poder en diciembre de 2023 una reducción de la plantilla de trabajadores estatales, que, según ATE, se redujo desde ese mes y hasta el inicio del actual octubre desde 343.357 a 269.025 (-21,6 %).