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Tras una batalla legal de siete años, el Tribunal Federal de Australia rechazó el último intento de Adriana Rivas para evitar su extradición a Chile. La exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) está acusada de haber participado en actos de tortura y secuestro durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

El juez Michael Lee desestimó el recurso con el que la defensa buscaba impugnar la decisión del Gobierno australiano que había autorizado su entrega, un fallo que la abogada de las familias de las víctimas, Adriana Navarro, consideró "histórico".

Los abogados de Rivas argumentaban que los hechos debían ser considerados crímenes de lesa humanidad, y no secuestros agravados, lo que, a su juicio, invalidaría la extradición al no tratarse de delitos tipificados en ambos países en el momento de su comisión.

No obstante, el juez concluyó que los cargos están correctamente caracterizados como secuestro agravado y que las referencias a crímenes de lesa humanidad en la documentación chilena no alteran la naturaleza de los delitos imputados, sino que aportan contexto sobre su gravedad y sus consecuencias jurídicas.

Cabe recordar que Rivas, de 73 años, fue detenida en febrero de 2019 tras haber residido durante más de 30 años en Australia, donde trabajó como empleada doméstica en el área de Bondi, en el este de Sídney. Desde entonces, mantiene una prolongada batalla judicial para evitar su extradición.

Las autoridades chilenas la acusan de haber participado en el secuestro, interrogatorio y desaparición de siete personas durante la dictadura, en el marco de la represión ejercida por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), aunque Rivas niega dichas acusaciones.

Rivas está vinculada a secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de militantes de izquierda y ciudadanos contrarios a la dictadura. Se le atribuye, entre otros casos, la presunta participación en el secuestro agravado de Víctor Díaz, subsecretario del Partido Comunista, en 1976, así como la desaparición de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, embarazada en el momento de su detención.

Tras conocerse el fallo, la abogada de las familias de las víctimas, Adriana Navarro, expresó alivio y subrayó el carácter histórico de la decisión, al concluir que "no había una base sólida para la revisión solicitada".

Asimismo, señaló a EFE que la resolución reconoce la existencia de "pruebas creíbles" sobre la presunta participación de Rivas en los secuestros agravados de siete personas durante la dictadura.

"Las familias han expresado su agradecimiento por la pronta emisión del fallo, señalando que este pone fin a un largo y complejo proceso de extradición que se extendió durante muchos años. Subrayan que este resultado es fruto de años de esfuerzo constante", añadió Navarro.

Con esta resolución, se abre el camino para que Adriana Rivas sea trasladada a Chile y enfrente a la justicia por los crímenes que se le imputan, en una causa que vuelve a poner en el centro la búsqueda de verdad y justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.