La Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobó el proyecto que sanciona a las personas que tengan celulares al interior de las cárceles.
La iniciativa establece la sanción de pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (desde 61 días a 3 años y un día) al que, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, tuviese en su poder celulares, parte de ellos, chips o aparatos de telecomunicación.
El objetivo principal del proyecto es impedir que se desarrollen estafas telefónicas o extorsiones desde los recintos penitenciarios.
La propuesta, que se despachó a la Sala de la Cámara Baja, también castigará al funcionario público que sepa de esta tenencia irregular y no la denuncie a la autoridad del establecimiento penitenciario.
En este caso, la sanción será de presidio menor en su grado mínimo (61 días a 540 días). Asimismo, se le aplicará una suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo u oficio.
Cabe señalar que, en noviembre de 2022, se publicó la Ley 21.494. Ella tipificó como delito el ingreso, por parte de cualquier persona, de elementos prohibidos que permitan a los reos comunicarse con el exterior. La iniciativa busca complementar la norma recién mencionada
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