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La bancada de diputados de Renovación Nacional, que preside la diputada Ximena Ossandón, presentó un proyecto de ley que tipifica como delito la contratación de migrantes irregulares, e impone multas y penas de cárcel.

El objetivo de los parlamentarios de oposición es avanzar de una respuesta meramente administrativa a una de carácter criminal.

Según el proyecto, “se busca proteger que los migrantes no sean víctimas de tráfico de personas o de trata, además de contrataciones abusivas o que no brinden una adecuada protección al trabajador, que por lo general está dispuesto a asumir condiciones abusivas por necesidad”.

Además, la iniciativa apunta a desalentar el ingreso de manera irregular al país, estableciendo “una sanción penal, cuestión que igualmente parece de utilidad para desincentivar la llegada de miles de extranjeros que son objeto de abuso producto de la falta de sanciones y fiscalización adecuada”.

Entre las penas que podrían recibir las personas que contraten migrantes irregulares en el país se encuentran “presidio menor en su grado mínimo o máximo y multa de 21 a 50 unidades tributarias mensuales -entre $1.368.822 y $3.259.100 al valor de abril de 2024-”.

Además, se “podrá decretar la clausura definitiva del establecimiento o local respectivo”, sin perjuicio a que durante el proceso judicial se pueda clausurar temporalmente el local.