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Un fuerte respaldo ciudadano a medidas de seguridad en establecimientos educacionales reveló la última encuesta Plaza Pública de Cadem, aunque con dudas sobre su real impacto en la reducción de la violencia escolar.

De acuerdo con el sondeo, un 70% de las personas consultadas manifestó estar de acuerdo con el plan Escuelas Protegidas, mientras que un 75% respalda que estudiantes involucrados en hechos violentos no puedan acceder a gratuidad.

El apoyo también se extiende a medidas más estrictas dentro de los recintos educativos. Un 88% se muestra favorable a sancionar o expulsar a estudiantes que participen en hechos violentos, además de la instalación de cámaras de vigilancia en los colegios. A esto se suma un 79% que apoya el uso de detectores de metales, un 77% la revisión de mochilas y un 74% la implementación de sistemas de reconocimiento facial en los accesos.

En esa línea, la seguridad aparece como una prioridad para la ciudadanía, considerando que un 91% estima que es más importante resguardar a los alumnos por sobre la privacidad.

Sin embargo, pese al amplio respaldo a estas medidas, las expectativas sobre su efectividad son más moderadas. Solo un 38% cree que el plan será muy efectivo para disminuir la violencia en los colegios, mientras que un 32% considera que será algo efectivo y un 24% proyecta que tendrá poco o ningún impacto.

Respecto a las responsabilidades en el origen de estos hechos, un 41% considera que todos los actores están involucrados, aunque un 31% atribuye un rol principal a las familias y apoderados. Asimismo, un 42% cree que existen profesores que colaboran o incentivan desórdenes, y un 56% sostiene que hay apoderados que justifican conductas violentas.

En materia educativa, la percepción general sigue siendo crítica. Un 73% califica la calidad de la educación en Chile como mala o muy mala, aunque al segmentar por tipo de establecimiento, un 81% evalúa positivamente a los colegios privados.

En cuanto a las prioridades del sistema, un 41% considera que el foco del gobierno debería estar en reducir la desigualdad entre colegios públicos, subvencionados y privados.

El sondeo también abordó el tema del Crédito con Aval del Estado (CAE), donde un 80% está de acuerdo con cobrar la deuda por vía judicial a quienes perciben ingresos superiores a 5 millones de pesos mensuales, mientras que un 75% respalda ofrecer convenios de pago a quienes ganan menos.

Finalmente, en el ámbito político, la encuesta muestra estabilidad en la evaluación del Ejecutivo. Un 41% aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que un 54% la desaprueba, sin variaciones significativas respecto a la medición anterior.