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La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la segunda semana de junio, reveló un amplio respaldo ciudadano a las medidas impulsadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para enfrentar el vandalismo y las incivilidades. No obstante, el sondeo también mostró inquietud respecto de los efectos que algunas sanciones podrían tener sobre los sectores más vulnerables de la población.

Uno de los anuncios que concentra mayor apoyo es la creación del Registro de Vándalos e Incivilidades, presentado por el Mandatario durante su primera Cuenta Pública. La iniciativa contempla sanciones para quienes participen en este tipo de hechos, incluyendo eventuales restricciones en el acceso a beneficios estatales.

Según los resultados de la encuesta, un 67% de los consultados se manifestó a favor de la implementación de este registro. Sin embargo, un 60% estimó que la eliminación de beneficios sociales podría terminar afectando con mayor fuerza a las personas de menores ingresos que a quienes cuentan con mayores recursos económicos.

En cuanto a las sanciones, la ciudadanía mostró una clara preferencia por medidas asociadas a la reparación del daño causado. Un 49% consideró que la respuesta más adecuada frente a actos de vandalismo e incivilidades graves son las multas o la obligación de reparar los perjuicios provocados. En tanto, un 30% apoyó la suspensión temporal de beneficios estatales para quienes incurran en estas conductas.

La idea de priorizar la reparación también obtuvo un amplio respaldo: un 84% de los encuestados señaló estar de acuerdo con exigir a los responsables reparar los daños antes de aplicar la pérdida de beneficios sociales.

Pese a las dudas sobre el impacto social de estas medidas, el estudio mostró que un 60% cree que la suspensión de beneficios estatales podría contribuir a reducir los actos vandálicos.

Respecto de las sanciones específicas que forman parte del debate público, un 72% respaldó que quienes participen en hechos de vandalismo pierdan bonos o transferencias monetarias del Estado. Asimismo, un 70% se mostró favorable a suspender la licencia de conducir y un 69% apoyó restringir el acceso al pasaporte.