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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que fortalece las facultades de la Superintendencia de Salud, dotando al organismo de nuevas herramientas de fiscalización, transparencia y gobernanza.

La iniciativa plantea ampliar el ámbito de acción de la Superintendencia sobre prestadores públicos y privados y actualizar su estructura interna. Además, refuerza los mecanismos de protección a las y los usuarios del sistema de salud.

El texto establece la creación del Consejo de la Superintendencia de Salud, que será un órgano técnico y consultivo destinado a fortalecer la gobernanza y la independencia en la toma de decisiones, el cual estará compuesto por cinco miembros: el o la superintendenta, quien lo presidirá, y cuatro consejeros o consejeras designados por el Presidente de la República, previo concurso público y con acuerdo del Senado.

El Consejo asesorará en la definición de lineamientos estratégicos, criterios técnicos de fiscalización y certificación. Además, emitirá informes públicos sobre el desempeño institucional y del sistema de salud.

Asimismo, velará por la transparencia, la ética y el cumplimiento de estándares en el ejercicio de las funciones del organismo.

La iniciativa amplía las facultades de fiscalización de la superintendencia sobre todos los prestadores y aseguradores del sistema, tanto públicos como privados, y con las entidades acreditadoras y certificadoras.

También, se refuerzan sus potestades sancionatorias y se aumentan las multas hasta 10.000 UTM por infracciones graves (más de $695 millones). Se faculta al organismo a dictar instrucciones generales de cumplimiento obligatorio para prestadores y aseguradores.

El proyecto crea un Sistema Nacional de Certificación de Especialidades y Subespecialidades Médicas, que igualmente se aplicará a otras profesiones de la salud. Será tarea de la superintendencia coordinar este sistema con universidades y entidades acreditadas por el Ministerio de Salud. El objetivo será asegurar estándares de calidad y transparencia en los procesos de certificación profesional.

La norma redefine el rol de la Intendencia de Prestadores de Salud. La entidad asumirá la fiscalización técnica de los prestadores, la supervisión del cumplimiento de protocolos de calidad y seguridad, y la aplicación de sanciones. El proyecto fija nuevos plazos para corregir irregularidades y establece procedimientos de apelación ante las sanciones impuestas.

La iniciativa también refuerza el derecho de las y los pacientes a recibir información clara y completa sobre su atención, tratamientos y cobertura. Se reconoce expresamente el derecho a obtener copia íntegra y gratuita de la ficha clínica.

Los prestadores deberán mantener canales de atención y reclamos bajo supervisión de la superintendencia. Por su parte, el organismo tendrá el deber de difundir los derechos y deberes en salud entre la ciudadanía.

Además, la normativa obliga a los prestadores a cumplir protocolos de atención y seguridad bajo estándares definidos por la autoridad sanitaria. Paralelamente, incorpora requisitos de transparencia en la gestión médica y financiera. De igual modo, agrega mecanismos para prevenir conflictos de interés en la certificación de servicios y profesionales.