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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles un proyecto de resolución que solicita al Presidente José Antonio Kast instruir a los ministerios y organismos públicos dejar sin efecto circulares, resoluciones u otros actos administrativos que promuevan el uso del lenguaje inclusivo en el Estado.

La iniciativa fue respaldada por 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención, y plantea además que el Ejecutivo dicte medidas para resguardar el uso del castellano conforme a las normas tradicionales de la lengua, rechazando lo que el texto denomina como "distorsiones gramaticales" asociadas a razones de género, etnia u otras clasificaciones identitarias.

El proyecto fue impulsado por los diputados UDI Flor Weisse, Daniel Lilayu, Sergio Bobadilla, Cristóbal Martínez, Guillermo Ramírez, Marco Antonio Sulantay, Hotuiti Teao y Marlene Pérez.

En el documento se sostiene que durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric existieron intentos por promover el uso del lenguaje inclusivo en distintos servicios públicos, particularmente a través de orientaciones y circulares difundidas en organismos estatales y establecimientos educacionales.

Tras la aprobación, la bancada del Partido Republicano valoró la resolución mediante una publicación en redes sociales, donde señaló que "el Estado debe hablar el idioma de todos los chilenos, con claridad y sin ideologías". La publicación fue acompañada por una imagen con la frase "No más lenguaje inclusivo".

Sin embargo, la resolución ha generado cuestionamientos debido a que no establece una definición precisa sobre qué expresiones o fórmulas considera lenguaje inclusivo. Este punto fue criticado por organizaciones de la diversidad sexual y de derechos humanos, que consideran la medida un eventual retroceso en materia de inclusión.

El encargado de Derechos Humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Ramón Gómez, afirmó que la aprobación del proyecto "envía una pésima señal" al intentar restringir formas de expresión utilizadas por algunos grupos para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social.

"El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla", señaló.

Desde la organización también manifestaron preocupación por los posibles efectos de la medida en personas trans y no binarias, argumentando que el reconocimiento de sus identidades requiere mecanismos lingüísticos que contribuyan a prevenir la discriminación.