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La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y dispuso su arresto domiciliario total y arraigo nacional. Vivanco fue el primer caso de un integrante del máximo tribunal en quedar bajo esa grave medida cautelar.

Se espera que durante las próximas horas la exministra abandone la cárcel femenina de San Joaquín, donde se encuentra desde el 30 enero pasado, tras ser formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos en la trama bielorrusa del caso audios.

Según la fiscalía, Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, recibieron al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban las causas en la sala de la exministra por la disputa con Codelco del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, que era representado por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

De acuerdo a la imputación, los cuatro se concertaron para favorecer al consorcio al que la estatal debió pagar cerca de 12 mil millones de pesos. Migueles y ambos abogados están en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, por este supuesto pacto.

Tras los alegatos, la abogada Patricia Alvarado, defensora de Vivanco, expresó que "nosotros cuestionamos directamente de que nuestra representada no constituía un peligro ni para la sociedad ni para el procedimiento".

"Invocamos su situación personal, antecedentes de salud y también su rol de cuidadora respecto a su madre, que tiene 85 años y que en este momento se encuentra en un hogar sufriendo de demencia", añadió.

"Ella era la única cuidadora que su madre tenía y, en relación a estos antecedentes personales sumados a su situación de salud y emocional, es que se muta esta prisión preventiva por un arresto domiciliario total", cerró la abogada.