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Las querellas presentadas por el Ministerio de Seguridad Pública y el Consejo de Defensa del Estado en contra de los cinco exsuboficiales de la Fach presos por tráfico de drogas revelaron que los imputados realizaron otros tres envíos de ketamina, que le permitieron obtener ganancias por $60 millones.

Según consigna La Tercera, las acciones judiciales interpuestas por ambas instituciones ante el Juzgado de Garantía de Iquique se basan en los delitos de tráfico de drogas y de asociación ilícita, ilícitos que quedaron al descubierto el 3 de julio pasado en la Base Aérea Los Cóndores de Iquique.

Las querellas fueron presentadas en contra de del excabo 2° Elías Villalonga, el excabo 1° Mauricio Ponce, el excabo 2° Danilo Rivas, el excabo 1° Rodrigo Silva y la excabo 1° María Fernanda Rebolledo, quienes se encuentran en prisión preventiva en Alto Hospicio, Santiago 1 y la cárcel de San Joaquín.

Los imputados lograron trasladar droga, al menos, en tres ocasiones desde el norte hacia la capital. Toda la operación seguía el mismo modo de operar: se adquiría la droga en el norte, se almacenaba en domicilios particulares y se transportaba en maletas hacia los vuelos institucionales.

Según la indagatoria, la organización criminal traficó ketamina en enero, mayo y julio, mes en el que fueron descubiertos. La banda, compuesta únicamente -hasta ahora- por funcionarios de la FACh, tenía un líder: Elías Villalonga Martínez, quien según las acciones judiciales se encargaba de coordinar las operaciones, planificar los traslados y designar los roles que tendría cada integrante.

Más abajo en la cadena delictual estaban los “brazos operativos”, cuyos colaboradores también tenían tareas asignadas. Por ejemplo, el excabo 1° Mauricio Ponce, mandatado por Villalonga, era quien coordinaba cómo viajaba la droga y se encargaba de contactar a los otros funcionarios para ver la logística del envío, así como también de mantener comunicados a todos los demás integrantes.

Danilo Rivas, por su parte, era quien almacenaba la droga, la recibía en su domicilio, por parte de civiles aún no identificados, y se aseguraba de que dichos estupefacientes fueran trasladados, por él mismo, hasta la base aérea de la FACh.

En ese lugar operaba Rodrigo Silva, quien trabajaba en la base como mecánico y se encargaba se subir la maleta contenedora de droga al avión, logrando burlar los controles de seguridad.

Ya en el avión, según las querellas, tenía un rol la tripulante María Fernanda Rebolledo, quien debía asegurarse de que la droga fuera trasladada sin pasar los controles y debía ayudar a entregar la maleta con los estupefacientes ya en Santiago.

En las acciones judiciales se da cuenta que los funcionarios “se valían de su calidad de funcionarios públicos, omitiendo los controles preventivos establecidos en las bases aéreas”.

Además, “este esquema permitió a la organización ejecutar al menos tres envíos de ketamina, con ganancias ilícitas estimadas en más de 60 millones de pesos por la sola distribución de los 4 kg incautados, sin contar los beneficios derivados de operaciones anteriores”.