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 Este viernes se llevó a cabo la segunda jornada de formalización en el marco del Caso Sartor, donde se encuentran imputados 11 personas, entre ellos el expresidente y máximo accionista de Azul Azul, Michael Clark, para quien la fiscalía solicitó prisión preventiva.

Según consignó La Tercera, el Ministerio Público pidió las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Óscar Ebel Sepúlveda y Alfredo Harz Castro, argumentando que ambos habrían suscrito "acuerdos de cooperación eficaz" y teniendo en cuentas "los aportes de antecedentes que realizaron" y "la disposición a seguir prestando declaración y a continuar con la cooperación en esta causa".

La medida cautelar solicitada para Harz fue cuestionada por la gestora Toesca, que pedirá al tribunal dictar prisión preventiva. Este caso, será resuelto la próxima semana.

Por otro lado, el exgerente de Emprender Capital, Hugo Baranda, quedó bajo arresto domiciliario total, mientras que la defensa de Juan Carlos Jorquera se opuso a la medida cautelar. En tanto, Mauro Valdés y Miguel León Muñoz quedaron con arresto domiciliario parcial y firma mensual.

Tras la audiencia, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, explicó que el caso se trata de “defraudación financiera, en el cual quienes estaban a cargo de la administración de patrimonios públicos, utilizan esos fondos para realizar operaciones con relacionados, que le permiten desarrollar ciertos negocios a través de triangulaciones con sus propias empresas y con fondos privados que ellos gestionan, logran desviar estos recursos para distintos negocios que van en su beneficio, y no de los aportantes”.

El Ministerio Público pedirá la medida cautelar de prisión preventiva para Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Emilio Larraín Mery, Michael Clark Varela, Rodrigo Bustamante García y Sergio Yáñez Astete.

En cuanto a Clark, el persecutor detalló que “se le agrega el delito de lavado de activos por las operaciones que realiza con Azul Azul a partir de la compra. Estos dineros provienen de fondos públicos, se le imputan una administración desleal, en la etapa posterior contribuye al ocultamiento del origen de los dineros y además realiza aprovechamiento por años, percibiendo remuneraciones, realizando transacciones hasta la fecha incluso actual".