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El Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, junto a la Asociación Dosel, Ñuble Rafting SpA y habitantes de San Fabián de Alico, presentaron una solicitud ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declare la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizó el proyecto el megaproyecto del Embalse Punilla en noviembre de 2010. 

La acción busca que se revise la vigencia del permiso ambiental de una de las mayores obras de infraestructura hídrica proyectadas para la Región de Ñuble, cuya inversión se estima en $415 mil millones. Las organizaciones cuestionan que el Estado busque reactivar su construcción sobre la base de estudios ambientales elaborados hace más de dos décadas, sin considerar adecuadamente los cambios que ha experimentado el territorio.

“Estamos ante una RCA del año 2010 que busca ejecutar recién el año 2028; es decir, estamos hablando de 18 años de desfase. El Estado no se hace cargo de los daños al medio humano, al turismo y al medio ambiente, considerando que estamos en un lugar de alto valor paisajístico y ecológico”, señaló César Uribe, vocero del Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble.

El Embalse Punilla ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en 2004 y obtuvo su aprobación en noviembre de 2010. Desde entonces, su desarrollo ha enfrentado sucesivos obstáculos. En 2016 se adjudicó la concesión a Sociedad Concesionaria Aguas del Punilla S.A., contrato que terminó anticipadamente en 2021.

Posteriormente, el Ministerio de Obras Públicas impulsó nuevas licitaciones para concretar la iniciativa, sin lograr adjudicar su construcción. El último proceso fue declarado desierto en junio de 2025, luego de que no se presentaran ofertas. Tras este resultado, el Gobierno decidió avanzar hacia una nueva modalidad de ejecución a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. 

Pese a estos cambios, las organizaciones advierten que el proyecto mantiene una autorización ambiental otorgada en 2010, cuando las condiciones climáticas y ecológicas de la cuenca eran distintas a las actuales.

Uno de los principales cuestionamientos de las comunidades apunta a la antigüedad de los estudios utilizados para evaluar los impactos del embalse. Según la solicitud, la línea de base ambiental fue elaborada con antecedentes levantados a comienzos de los años 2000, sin incorporar los efectos que el cambio climático ha tenido durante las últimas dos décadas sobre la disponibilidad de agua, los caudales del río Ñuble y los ecosistemas cordilleranos.

El escrito también advierte cambios en el estado de conservación de especies de flora y fauna, la existencia de nuevas áreas protegidas y el desarrollo de actividades turísticas que dependen directamente del río y de su entorno natural. 

A ello se suma la preocupación por la intervención de bosque nativo y los posibles riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo, en un territorio expuesto a eventos climáticos extremos. 

“Es relevante y necesario actualizar los estudios de impacto de este proyecto, pues la RCA actual fue realizada con datos de más de 15 años, y estamos hablando de un megaproyecto con el potencial de generar grandes impactos tanto en el entorno como en la economía y en la seguridad de los poblados que se encuentran río abajo”, advirtió Manuel Valdés, biólogo y director ejecutivo de ONG Dosel.

El especialista agregó que “sería totalmente negligente llevar a cabo ese tipo de embalse en ese lugar con datos antiguos que no consideraron los efectos del cambio climático”, enfatizando la importancia de los bosques nativos para mitigar los impactos de lluvias intensas e incendios forestales.