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Este lunes la Contraloría General de la República (CGR) entregó una serie de instrucciones para "determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas" de los funcionarios públicos involucrados en el escándalo de las licencias médicas.

En su instructivo de siete puntos, la CGR señala que corresponde a la autoridad determinar si instruye uno o más procedimientos disciplinarios considerando la cantidad de casos respecto de los cuales haya de efectuar indagaciones sea individualmente o en forma agregada respecto de determinados grupos de involucrados, conforme su grado, jerarquía u otros aspectos.

Respecto de la designación de un fiscal, señala que este no debe tener una relación de dependencia o subordinación con el servidor investigado y, por otra, que goce de un grado o jerarquía similar o mayor que el del individuo.

Asimismo, el fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar colaboración que se les solicite.

En cuanto a la investigación, el fiscal podrá valerse de todos los medios de prueba. Sin embargo, con el objeto de acreditar los hechos de que da cuenta el CIC N°9, deberá contar, en primer lugar, de la certificación oficial de la Policía de Investigaciones de Chile en relación con la fecha de entrada y salida del país correspondiente.

Los sumarios deberán contar con un debido proceso, que, en el ámbito administrativo, implica un racional y justo procedimiento. Por ello, se debe velar continuamente por el derecho de defensa o de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa.

Se recuerda que, de acuerdo con lo dispuesto por este organismo de control, están afectos a toma de razón, los actos administrativos que dispongan sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias, en investigaciones sumarias y sumarios administrativos ordenados instruir por la Contraloría en los servicios sometidos a su fiscalización. Asimismo, el inculpado podrá ejercer el derecho a reclamo ante la CGR.

Como una manera de mejorar el registro, el monitoreo, la supervisión y la trazabilidad de los procedimientos disciplinarios ordenados instruir por la Contraloría a las municipalidades y servicios públicos, el organismo de control dio a conocer la plataforma informática Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD).

Este modelo de seguimiento considera la implementación de una política de complementariedad entre las acciones ejecutadas por la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría y las unidades de Auditoría Interna, Direcciones de Control y/o encargados de Control Interno de los organismos sujetos a la fiscalización por parte de la CGR.

Para su implementación, cada entidad deberá designar dos funcionarios como contrapartes titulares y sus respectivos subrogantes, quienes estarán a cargo de subir al sistema en formato PDF, los actos administrativos y toda documentación vinculada a cada proceso de seguimiento vigente que sea requerida durante la tramitación de cada acción derivada, para su posterior análisis por el personal de la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Contraloría.