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El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera (RN), fue notificado por la Fiscalía Oriente de su destitución del cargo, luego que la Contraloría General de la República acreditara el uso indebido de un vehículo fiscal.

La tarde del 20 de septiembre Patricio Rivera fue fiscalizado por Carabineros mientras conducía un automóvil fiscal, en la localidad de La Huerta, comuna de Hualañé. El alcotest confirmó que lo hacía bajo los efectos del alcohol, lo que derivó en su detención inmediata.

Días después, Rivera fue formalizado por el delito de conducción en estado de ebriedad. El tribunal decretó medidas cautelares: arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir.

La situación abrió un proceso administrativo en la Contraloría General de la República (CGR), que evaluó el uso indebido del vehículo estatal. Tras la investigación, el organismo resolvió su destitución.

Aunque la sanción puede ser impugnada, la decisión se ampara en el artículo 11 del Decreto Ley 799, que regula el uso de vehículos fiscales y establece que “toda infracción será sancionada con alguna de las medidas disciplinarias establecidas en el Estatuto Administrativo, inclusive la destitución”.

La CGR recordó que tiene la facultad de sancionar directamente el mal uso de automóviles fiscales por parte de autoridades. En otros casos, cuando se trata de faltas distintas, el procedimiento contempla informar al Concejo Municipal y eventualmente remitir los antecedentes al Tribunal Electoral Regional.