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El martes fue una jornada intensa para el pleno de la Convención Constitucional, ya que se aprobaron numerosas garantías sociales, como el derecho a una vivienda digna y adecuada, a la libertad sindical y la salud. 

Sobre este último, el articulado establece que este será "de carácter universal, público e integrado", y que se regirá por los principios de "equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación".

De esta manera, el derecho a la salud pasará a formar parte del borrador de nueva Constitución que se votará el próximo 4 de septiembre.

Entre los incisos aprobados, destaca uno que hace mención a la salud mental: "El Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento".

Este sistema se financiará a través de las rentas generales de la nación. Y, añade la norma, será la ley la que podrá establecer "el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores, con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema". Asimismo, la ley determinará el órgano público.

Sobre el rol de los privados y los seguros, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (INC), indicó que "el rol de los seguros de los privados complementarían el rol del sistema de salud universal. Sabemos que el sistema público no tiene las condiciones para todas las prestaciones, es por eso que es necesario que se considere el mundo privado y permitan que las personas tengan la posibilidad de elegir". 

Agregó que "las normas aprobadas van en la dirección correcta para garantizar cierto piso para las personas sin vulnerar el derecho a elegir".

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