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El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía de Antofagasta en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de la investigación a la fundación ProCultura.

Tras conocer los argumentos del fiscal Cristián Aguilar y el defensor Ciro Colombara, los 24 ministros del tribunal de alzada presentes este martes comenzaron a deliberar y tras una hora (los alegatos terminaron cerca de las 10:30 horas) entregaron su resolución que fue unánime.

El Ministerio Público formalizó -el 5 de febrero- a cinco imputados en la causa, incluyendo al controlador de la fundación, el psiquiatra Alberto Larraín, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco.

En esta arista, el Ministerio Público está indagando una transferencia de 1.686 millones de pesos asignados en 2022 desde el Gobierno Regional (GORE) de Santiago a ProCultura, para la ejecución de un programa de prevención del suicidio denominado Quédate.

Desde la Fiscalía de Antofagasta se plantea que ProCultura no tenía experiencia en el área de prevención del suicidio y que el convenio se gestó por la cercanía de Larraín con el gobernador Orrego.

“Acá no son tan solo los 1.686 millones o los 1.000 millones que no fueron restituidos. Estamos hablando de un proyecto social que impactaba en esa época post-pandemia, el año 2022, respecto de aquellas personas jóvenes, adultos, que tenían tendencias suicidas”, advirtió el fiscal Aguilar en su alegato.

Aguilar recalcó que esos dineros no cumplieron con su destinación “porque la fundación ProCultura no respondió”.

El fiscal afirmó que hubo un concierto entre los imputados, incluido el gobernador, que generó un perjuicio al Estado y que estaban dando cuenta de antecedentes suficientes para que el desafuero prosperara con la finalidad de poder formalizar al gobernador y requerir medidas cautelares personales.

Ciro Colombara, en tanto, detalló que el convenio cuestionado fue revisado por seis instancias e instituciones, entre ellas el Consejo Regional de Santiago con sus 34 consejeros.

“Casi 15.000 personas, reitero, 14.119 personas fueron beneficiadas. 32 municipios, 23 colegios, 15 universidades y más de 30 organizaciones de la sociedad civil participaron durante el primer año en este proyecto, cuya ejecución presupuestaria fue aproximadamente de 600 millones de pesos”, detalló.

Colombara sostuvo que la Fiscalía de Antofagasta “desconoce el trabajo del Gobierno Regional, lo plantea como una improvisación para defraudar al fisco, desconoce las normas legales aplicables a la transferencia de fondos, desconoce que se favoreció a más de 15.000 personas y que se cauteló el 100% de los recursos públicos mediante las pólizas de garantía y, por ende, no habrá perjuicio fiscal”.