Un estudio de Ipsos, en conjunto con Fundación Iguales, abordó las opiniones ciudadanas sobre los derechos y el trato de personas LGBTQ+ en educación y salud. Entre los resultados destaca que el 57% de los y las consultadas consideró que los derechos LGBTQ+ han mejorado en el país durante los últimos cinco años, mientras que sólo un 6% indicó que han empeorado.
Sin embargo, una de cada cinco personas (22%) observó que hay más discursos de odio en redes sociales y el 13% ha notado que el trato a personas LGBTQ+ es más negativo en su entorno. Con esto, el 54% se manifestó de acuerdo con promulgar una ley que sancione discursos de odio basados en la orientación sexual o la identidad de género.
“Pese a algunos retrocesos que hemos registrado en Ipsos en el apoyo a la comunidad LGBT+ en el último tiempo, existe una mayoría de personas que apoya la promulgación de una ley que sancione los discursos de odio basados en la orientación sexual o identidad de género. Esto es indicativo de la existencia de un consenso a nivel ciudadano de respecto de los principios fundamentales de igualdad de las personas LGTB en el país” comentó Alejandra Ojeda Mayorga, Directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile.
PERCEPCIONES SOBRE DERECHOS EN EDUCACIÓN Y SALUD
En materia de educación, 66% de las personas consultadas indicó que se debe contar con orientación o protocolos para acompañar a estudiantes LGBT en temas de salud mental y bienestar en las escuelas.
Además, 55% declaró que se debería enseñar educación sexual con enfoque de diversidad en las escuelas, sin embargo, el desacuerdo alcanzó un 27%.
En relación con el sistema de salud, casi la mitad de las personas consultadas (49%) respaldó la idea de proveer tratamientos hormonales a adolescentes transexuales que cuenten con el consentimiento de sus familias y apoyo médico.
Respecto del nivel de preparación que tiene el sistema de salud para atender las necesidades de personas trans, sólo 28% considera que el sistema de salud en general está capacitado, mientras que el 31% no lo cree.
Y en el caso de los médicos y profesionales de la salud, sólo un tercio (33%) de las personas consultadas considera que tienen la preparación adecuada para atender a las personas trans.
“Estos datos muestran el apoyo de la ciudadanía a seguir legislando para proteger a las personas LGBTQ+. En ese sentido, mejorar las atenciones en salud para personas trans es una de las prioridades. Además, avanzar en la reforma a la Ley Antidiscriminación es clave para prevenir la violencia y los discursos de odio, y asegurar que el Estado cuente con herramientas efectivas para promover una convivencia basada en el respeto y la igualdad”, señaló María José Cumplido, directora ejecutiva de Fundación Iguales.
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