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La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de queja presentado por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que apuntaba a tres integrantes de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago: los ministros Carmen Gloria Correa y Juan Muñoz Pardo, y el abogado integrante Rodrigo Montt Swett

El edil presentó la acción judicial debido a que el tribunal de alzada revocó su sobreseimiento definitivo, el cual había sido decretado por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago frente a las acusaciones de prevaricación y negociación incompatible por tráfico de influencias presentadas por la empresa inmobiliaria.

En un comunicado, la autoridad municipal recordó que "el propio Ministerio Público comunicó su decisión de 'no perseverar en el procedimiento', cerrando completamente la investigación al no existir delito alguno".

El excandidato presidencial había apuntado a que en la resolución del tribunal de Apelaciones se "constituyen graves faltas que han importado un evidente perjuicio", solicitando que se "adopte las medidas disciplinarias correspondientes".

"El Ministerio Público ya cerró esta investigación, puesto que no existe ningún delito. Confiamos en que la justicia nuevamente nos dará la razón ante este intento desesperado por parte de la inmobiliaria. Seguiremos con el compromiso de frenar a empresas que quieran depredar nuestros barrios", cerró.

El caso se remonta a 2017, cuando la empresa y el ex concejal Mauricio Smok (UDI), se querellaron en contra del militante del Partido Comunista por la no otorgación de permisos para habilitar un edificio residencial ubicado en calle Dardignac N°44.

Dicho proyecto se denomina "Conjunto Armónico Bellavista" y contempla tres torres residenciales, una de las cuales ya está funcionando y otra no se encuentra construida.

El problema abarca al segundo edificio, que si bien está listo para ser entregado, la Recepción Municipal de Recoleta no ha dado el permiso para pueda ser habitado al acusar que sus 16 pisos exceden los 9 establecidos en el plan regulador.

La disputa ya había llegado hasta la Corte Suprema, donde se rechazó un recurso de protección que buscaba la entrega de los departamentos retenidos. Tras ello, Jadue anunció gestiones para su demolición, pero el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de la empresa constructora y declaró se podía realizar la acusación de “prevaricación y negociación incompatible por tráfico de influencias” en contra del jefe municipal.