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Luego de más de diez horas de debate, los legisladores del oficialista Frente Amplio alzaron su mano para expresarse a favor de legalizar la eutanasia en el país, así como también lo hicieron algunos de los pertenecientes a los opositores Partido Colorado y Partido Nacional.

El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir" mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

"Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República", cita el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia.

"Este proyecto ha sido construido con responsabilidad. Muy debatido en diputados, con una comunicación muy directa con senadoras y senadores se llegó a este proyecto. Se han establecido garantías claras para proteger a los pacientes, se deposita confianza en los profesionales médicos y en los equipos de salud. Se ha respetado la voluntad individual", explicó Daniel Borbonet, senador del Frente Amplio uruguayo. 

"La ley es necesaria, liberal y humanitaria. Es necesaria porque hay mucha gente que llega al final de la vida afectada por enfermedades incurables e irreversibles, que padecen sufrimientos insoportables y que a veces algunas quieren acortar la vida para no sufrir hasta el final", señaló a EFE el senador colorado Ope Pasquet.

Ahora, con una nueva ley ya sancionada, el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo que no exceda los 180 días desde su promulgación.

A su vez, la norma indica que desde la reglamentación correrá un plazo que no puede superar los 90 días para que quede conformada la Comisión Honoraria de Revisión que, dice el texto, "será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia".

Esta "estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Colegio Médico del Uruguay, un representante de la Universidad de la República y un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo" del país y elaborará un informe anual que remitirá a esa cartera y a la Asamblea General.