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La detención de 44 funcionarios de Gendarmería, en el marco de la denominada “Operación Apocalipsis”, volvió a poner en el centro del debate público la crisis que atraviesa el sistema penitenciario. El amplio operativo permitió desbaratar una red de corrupción que operaba en nueve cárceles de siete regiones del país y que involucraría a un total de 66 personas, investigadas por delitos como cohecho, lavado de activos, asociación criminal y tráfico de drogas. Según los antecedentes, los sobornos para ingresar elementos prohibidos a los recintos penales superarían los 6.300 millones de pesos.

Tras conocerse estos hechos, el Presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional orientada a impulsar cambios estructurales en Gendarmería, proponiendo separar las funciones de seguridad penitenciaria y rehabilitación. La idea es que el Ministerio de Justicia se concentre en la reinserción social, mientras un nuevo organismo asuma el control de la seguridad al interior de las cárceles.

Para analizar este escenario, el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach entrevistó a Pablo Jaque Garrido, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería, quien sostuvo que la crisis golpea duramente la credibilidad de la institución ante la ciudadanía, aunque recalcó que los involucrados representan a una minoría.

“La acción que generó un grupo minoritario, que representa un porcentaje muy bajo de la institución, nos deja en un mal pie respecto de la credibilidad y la confianza que tiene que tener la ciudadanía en un servicio que cumple una labor muy esencial en materia de seguridad”, afirmó el dirigente.

Jaque fue enfático en señalar responsabilidades en los niveles de mando, apuntando a una falta de control al interior de los recintos penitenciarios. “Aquí hay un abandono de deberes de quienes deben controlar el interior de las unidades penales y que no tienen ninguna restricción para efectuar el control que les corresponde. Hay una línea de mando que no actuó, que no fue profesional y que puso en riesgo no solamente al sistema penitenciario, sino que la vida de muchos funcionarios”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que las irregularidades eran conocidas dentro de la institución y que no se adoptaron medidas oportunas. “Esto es imposible de que no se sepa. Nosotros sabemos al interior de Gendarmería que este tipo de situaciones ocurren y quienes tenían que controlar y detener estas acciones abandonaron su función. Esa falta de profesionalismo nosotros la rechazamos”, dijo, advirtiendo que esta situación podría terminar perjudicando a los funcionarios que sí han cumplido con su labor.

Respecto a la reforma constitucional anunciada por el Ejecutivo, el presidente de la asociación manifestó una profunda preocupación por sus efectos en los derechos laborales y gremiales. Según explicó, la modificación al artículo 101 de la Constitución implicaría que Gendarmería pase a ser considerada una institución de orden y seguridad, lo que conlleva el carácter no deliberante de sus integrantes.

“Evidentemente las asociaciones gremiales, por el solo ministerio de la ley, desaparecerían una vez aprobada esta reforma. Lo que nos preocupa es que este traspaso va a ser sin la voz de los trabajadores”, advirtió Jaque, agregando que existen beneficios y asignaciones conquistadas históricamente que podrían perderse con el cambio de estatus institucional.

Finalmente, el dirigente sostuvo que el anuncio del Gobierno ha generado una alta incertidumbre en el personal. “Hoy día este anuncio lo que hace es generar una incertidumbre tremenda en el personal, porque hay derechos que se han ganado en el tiempo y que podrían verse gravemente afectados”, concluyó.