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El precio del cobre está en un ciclo alcista impulsado por la creciente demanda de electrificación, energías renovables y la escasez de oferta debido a problemas operativos y retrasos en proyectos. 

Para Chile, el principal productor mundial, este escenario se traduce en ingresos fiscales adicionales para el próximo gobierno, que podría recibir hasta US$4.000 millones.

Según informó Ex-Ante, el presidente electo José Antonio Kast deberá administrar estos recursos bajo una regla fiscal que obliga a ahorrar los excedentes. En la misma nota, la economista de LyD, Macarena García, asegura que “actualmente la proyección de la Dipres para el precio del cobre efectivo del 2026 es de US$4,35 (Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre), por lo que de mantenerse elevado y alcanzar un promedio de US$5 en el 2026 le generaría en torno a US$2.300 millones de ingresos adicionales. Si alcanzara un promedio de US$5,5, entonces obtendría en torno a US$4.000 millones de ingresos adicionales”.

La experta recordó que "la regla que rige nuestra política fiscal establece que el gasto no depende del ingreso que genere el precio del cobre efectivo, sino que el de largo plazo, el cual ya está estimado en US$4,38, es decir, muy similar al precio efectivo que la Dipres ya proyectó para el próximo año”.

Por esta razón, explicó que “todo ingreso adicional que se genere con el mayor precio efectivo del cobre servirá para financiar el gasto que ya está aprobado y que es coherente con el precio de largo plazo, el cual no se modifica a lo largo de todo el año, generando menos requerimientos de deuda”.

En tanto, hace dos semanas, el Banco Central subió la proyección del precio del cobre. El valor del mineral, que desde noviembre supera los US$5 por libra, fue elevado en 40 centavos por libra para 2026 pasando desde los US$4,30 a US$4,70.

De acuerdo con la Dirección de Presupuestos, cada centavo de dólar adicional en el precio promedio del cobre implica ingresos efectivos extra para el Fisco por US$17 millones a través de Codelco y US$10 millones por parte de las grandes mineras privadas.