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El Gobierno reingresó a la Contraloría General de la República (CGR) un decreto que modifica el reglamento de la Ley Karin. La propuesta introduce cambios en la recepción y tramitación de denuncias por acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo.

Entre sus principales medidas, el documento establece criterios para identificar denuncias presentadas de mala fe, fija un procedimiento para completar aquellas que carecen de antecedentes y aborda las investigaciones que siguen abiertas cuando termina la relación laboral de alguna de las personas involucradas.

Con respecto a la mala fe, para evaluar eventuales sanciones deberán existir antecedentes objetivos y fundamentos graves, precisos y concordantes que permitan establecer que la denuncia fue formulada deliberadamente con información falsa, con la intención de perjudicar a otra persona u obtener beneficios indebidos.

De esta manera, el reglamento propuesto distingue entre una denuncia que no logra demostrarse durante una investigación y otra presentada intencionalmente de manera falsa.

Sobre las denuncias incompletas, la empresa deberá informar al trabajador qué antecedentes faltan y darle un plazo de cinco días para completar su presentación. Sin embargo, el documento también señala que la falta de información no impide necesariamente que se inicie una investigación. 

Sin embargo, la falta de información no obligará necesariamente a detener el procedimiento. Según el documento, una denuncia incompleta podrá dar paso a una investigación, dependiendo de las circunstancias del caso.

Por otra parte, si durante la investigación termina la relación laboral, el decreto establece dos vías. 

Si el denunciado deja de trabajar, el procedimiento destinado a determinar su responsabilidad deberá concluir, dejando constancia de esta circunstancia en un informe. Al contrario, si quien deja la empresa es la persona denunciante, la investigación deberá continuar mientras la persona denunciada mantenga su relación laboral con el empleador.

Además, el documento contempla un plazo de un año para que la Dirección del Trabajo implemente una plataforma electrónica donde se reuna y gestione información relacionada con estos procedimientos.