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La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en los procesos de contratación realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el Censo de Población y Vivienda 2024, entre ellas la incorporación de 16 personas con antecedentes penales y de 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en Chile.

Según el informe del organismo fiscalizador, las personas contratadas registraban condenas por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas.

La auditoría estableció que, en seis de los casos, los postulantes presentaron certificados de antecedentes que consignaban condenas. Sin embargo, la empresa encargada del proceso de selección no cumplió con la obligación de validar dicha información ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, por lo que no detectó la inhabilidad de los trabajadores.

Asimismo, la Contraloría indicó que en otros diez casos el INE no pudo acreditar que hubiera solicitado los certificados de antecedentes durante el proceso de contratación.

El informe también advirtió la contratación de 14 ciudadanos extranjeros que no contaban con autorización para trabajar en el país. De ellos, cinco correspondían a personas cuyas residencias temporales o definitivas habían sido revocadas por distintas razones, mientras que uno mantenía una orden de expulsión administrativa pendiente.

A estas observaciones se sumó la falta de respaldo sobre los requisitos académicos exigidos para determinados cargos. La institución no logró acreditar que más de 130 personas contratadas como Coordinadores de Local Censal y Gestores Administrativos cumplieran efectivamente con la formación requerida.

Debido a estas deficiencias en los controles, la Contraloría señaló además que el INE dejó de aplicar multas por un total de $131.972.500 a las empresas responsables del reclutamiento y selección de personal para el proceso censal.

RESPUESTA DEL INE

A través de una declaración pública, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que recibió el informe de auditoría el 10 de marzo de este año, en el marco de una revisión iniciada por la Contraloría el 13 de diciembre de 2024.

El organismo sostuvo que analizó las observaciones formuladas y que adoptó medidas correctivas conforme a la normativa vigente. Además, informó que el 18 de marzo de 2026 presentó una solicitud de reconsideración legal respecto de algunas observaciones relacionadas con el cobro de multas, la contratación de censistas sin respaldo para trabajar y procesos de arrendamiento.

Respecto de los 16 censistas con antecedentes penales, el INE señaló que el 13 de marzo instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades. La institución precisó que estos casos representan el 0,04% del total de personas contratadas para el Censo 2024.

Asimismo, indicó que presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, causas que actualmente se encuentran en investigación.