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José Miguel Castro (RN), presidente de la comisión que investiga posibles responsabilidades políticas del caso convenios en la Cámara de Diputados y Diputadas, aseguró que se citará nuevamente a Miguel Crispi, jefe de asesores de la Presidencia de La República.

En entrevista con La Tercera, el parlamentario se refirió a la posibilidad de que Crispi declare sobre lo que fue su cargo como subsecretario de Desarrollo Regional, y sostuvo que "no es la interpretación que le ha dado este Congreso. No es la interpretación que le ha dado el contralor general de la República, por una razón bien simple".

"El contralor dice que Crispi, en el fondo, es un funcionario público, por lo tanto debe comparecer. Otra cosa es que tenga un estatus especial, donde efectivamente nos pueda pedir, para poder contestar una pregunta, una sesión privada, una sesión cerrada. O, por ejemplo, si hay un tema de seguridad nacional, él obviamente puede quedarse callado", agregó.

En la misma línea, el presidente de la instancia aseveró que "lo que tiene que entender Miguel Crispi es que nosotros lo estamos invitando como funcionario público. Y, en base a eso, se va a sentar en la comisión y, en base a eso, va a responder".

"Si él no quiere responder, en algún tema específico, por ejemplo, por seguridad nacional. Bueno, tiene todo el derecho a hacerlo, igual como lo hacen los fiscales, el fiscal nacional, el mismo contralor, que también no nos dan información de un hecho que está siendo investigado", sumó.

Castro afirmó que "yo no voy a citar a Crispi en otra condición que no sea como funcionario público y jefe del segundo piso. En cuanto a la citación, eso lo vamos a conversar el día lunes y ahí yo tomaré la decisión si es que espero que se le sancione o se pronuncie la Contraloría o lo invitamos antes".

Cabe recordar que el jefe de asesores de la Presidencia indicó estar dispuesto a concurrir a la Comisión del caso convenios, luego de ser criticado por ausentarse tras ser requerido en dos oportunidades, lo que provocó que Contraloría le diera al Gobierno un plazo de cinco días para que explique los motivos de su inasistencia.