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El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado un proyecto de reforma constitucional que busca fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado y establecer un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.

La iniciativa forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y fue ingresada con suma urgencia, por lo que el Congreso contará con un plazo de 15 días para su discusión. El trámite estará además condicionado por la próxima semana distrital.

El proyecto contempla ocho modificaciones a la Constitución, que van desde incorporar explícitamente la seguridad pública como un deber del Estado hasta ampliar las facultades presidenciales y establecer nuevas atribuciones para las Fuerzas de Orden y Seguridad y las Fuerzas Armadas en determinados escenarios.

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LAS OCHO MEDIDAS QUE PROPONE EL GOBIERNO

1.- Incorporar la seguridad pública como deber del Estado: La reforma propone agregar expresamente la seguridad pública entre los deberes del Estado, junto con la obligación de resguardar la seguridad nacional. El objetivo es precisar este mandato constitucional y facilitar la exigibilidad de esta responsabilidad estatal.

2.- Nuevas medidas contra el crimen organizado: El proyecto crea un nuevo artículo 9° bis destinado a reconocer constitucionalmente la protección de la seguridad pública frente al crimen organizado.

3.- Registro de organizaciones criminales: La iniciativa incorpora la posibilidad de que una ley cree registros de organizaciones criminales. La inscripción tendría efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes, aunque el Ministerio Público mantendría la obligación de acreditar la participación individual de cada imputado.

4.- Facultad presidencial para declarar una organización criminal o terrorista: El proyecto entrega al Presidente de la República la facultad de declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.

5.- Incorporar la amenaza grave a la seguridad pública: La reforma amplía las circunstancias que podrían justificar la adopción de medidas excepcionales. A la actual referencia a la calamidad pública se sumaría una amenaza grave e inminente o una afectación grave de la seguridad pública.

6.- Crear un nuevo estado de excepción de seguridad pública: Una de las principales propuestas es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. Este podría ser declarado por el Presidente ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta ya haya sido gravemente afectada.

7.- Nuevas facultades durante el estado de excepción: Mientras se encuentre vigente este nuevo estado de excepción, el Presidente podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión.

8.- Rol del Senado: La propuesta establece que el Senado deberá aprobar o rechazar, en sesión secreta y por dos tercios de sus integrantes en ejercicio, la declaración presidencial respecto de una agrupación considerada terrorista o vinculada al crimen organizado. La Cámara Alta tendría un plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud para pronunciarse y no podría introducir modificaciones a la declaración.