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Tras un estrecho y tenso debate legislativo, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que cumplan determinadas condiciones de salud o edad. La iniciativa fue visada por 23 votos a favor y 22 en contra, abriendo la posibilidad de sustituir la cárcel por reclusión domiciliaria total en algunos casos.

El proyecto ha generado fuertes críticas desde el Ejecutivo, especialmente por la posibilidad de que la medida beneficie a personas condenadas por delitos graves, incluidos crímenes de lesa humanidad.

En entrevista con el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla Mateff, cuestionó duramente la aprobación en general de la iniciativa y calificó el debate parlamentario como contradictorio respecto de las políticas de seguridad que se han impulsado en los últimos años.

“Las señales son muy contradictorias. Ha sido muy irracional el debate. Por una parte se habla de la mano dura, de una actitud de combate hacia el crimen y de resguardo de la seguridad muy tajante, muy severa, pero por otro lado se presenta, se discute y se aprueba en general un proyecto como este, que es totalmente incompatible con todos los esfuerzos que ha venido haciendo el Estado de Chile durante las últimas décadas”, afirmó.

La subsecretaria advirtió que la iniciativa no solo representa un eventual retroceso en materia de derechos humanos, sino también un riesgo para la seguridad pública.

“Esta medida concreta avanza justamente en la dirección opuesta, y no solamente respecto del retroceso inaceptable que sería para las causas de derechos humanos habilitar una puerta de impunidad como esta, que es algo realmente doloroso, porque le fallamos nuevamente a las víctimas en un debate que no está a la altura de los desafíos que tenemos hoy”, sostuvo.

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CRÍTICAS POR FALTA DE DISTINCIÓN DE DELITOS

Uno de los principales cuestionamientos del Ejecutivo apunta a que el proyecto no establece diferencias entre tipos de delitos ni contempla evaluaciones caso a caso suficientemente rigurosas.

Según explicó Quintanilla, “un proyecto como este no se ajusta a ninguno de los estándares internacionales, ni tampoco a las obligaciones que tenemos en materia de política criminal y penitenciaria. No se hace ninguna diferenciación de tipos de delitos, de tipos de criminales, ni siquiera hay una posibilidad para que el tribunal evalúe caso a caso”.

La subsecretaria también cuestionó el argumento humanitario que ha sido utilizado por algunos parlamentarios para respaldar la iniciativa.

“Ha habido una actitud de invocar una retórica de que esto es de carácter humanitario, que nadie se merece morir a los 90 años en la cárcel, y ese es el argumento que se repite una y otra vez. Pero no se han hecho cargo de las otras dimensiones y de la técnica legislativa que es muy deficiente, algo que nosotros como Ejecutivo advertimos desde el primer momento”, señaló.

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POSIBLE REVISIÓN CONSTITUCIONAL

El debate legislativo podría escalar a una controversia constitucional. De acuerdo con la subsecretaria, varios senadores ya anunciaron reservas de constitucionalidad respecto del texto aprobado.

“Tal como está planteado hoy, tengo plena certeza de que es absolutamente incompatible con las obligaciones internacionales y con el marco jurídico vigente en nuestro país”, afirmó.

Quintanilla añadió que la ausencia de distinciones entre delitos y la falta de resguardos para las víctimas, particularmente en casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, podría contravenir compromisos internacionales del Estado.

“Si esto avanza en los términos en que está hoy, es bastante fácil anticipar que va a terminar en el Tribunal Constitucional”, concluyó.