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El ministro de Justicia, Luis Cordero, reprochó a los parlamentarios de la oposición que insisten en la idea de reponer la competencia de la Justicia Militar en el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y cuestionó que en el fondo existe una injustificada "desconfianza" hacia el sistema penal y el Ministerio Público.

En entrevista con Cooperativa, Cordero dijo que plantear que el sistema de justicia penal no tiene la “expertise” para juzgar a militares "es un mal argumento", porque "la justicia militar no es especializada, es de fuero, es decir, dada la investidura de un militar es una justicia distinta".

Un gran "problema", agregó, es que "la denominamos justicia, pero no cumple ninguno de los atributos habituales de un régimen jurisdiccional común, que es independencia e imparcialidad”.

“Quienes la ejercen son personas que tienen la calidad de funcionarios, que están dentro de la línea de mando, y además funciona con juzgados militares y la Fiscalía Militar. Y se le critica que no cumple las mismas garantías ni siquiera para quienes se someten a ella", sostuvo.

El secretario de estado explicó que "en materia penal, la regla general es que toda persona que comete un delito común está sometida a los mismos tribunales", pero existe la excepción de la justicia militar, en cuya aplicación "hay que distinguir los delitos en tiempos de paz y de guerra".

"En tiempos de paz – explicó - en los últimos años las hipótesis han estado decantando muy claramente para converger a lo que debe ser una justicia militar, es decir, aquellas asociadas a delitos de connotación militar, que el código de justicia militar califica como tal. Y en el caso de los delitos comunes, siempre que se hubieren cometido en el contexto de guerra o bajo un establecimiento militar", detalló.

Los delitos de los que habla la iniciativa "son delitos comunes cometidos por militares, no son delitos militares", precisó el secretario de Estado.

"No es simplemente un problema político, sino que es una mala regla la propuesta, porque a su vez todos los especialistas han estado de acuerdo con que requiere un cambio estructural bien significativo", afirmó.
En cuanto a lo político, cuestionó el trasfondo de los parlamentarios que apoyan la reposición de la instancia militar.

"Detrás de esto subyace una profunda desconfianza en el sistema de justicia penal y particularmente en el rol de los fiscales” dijo, reiterando que en quienes proponen la justicia castrense "subyace una crítica, que no tiene evidencia, de un sesgo del funcionamiento de los fiscales. Me parece una crítica errada", insistió.

"Puede que haya un cálculo político, los tiempos electorales tienen esa característica. No lo demonizo, pero cuando uno está diseñando reglas e instituciones tiene que salir un poquito más allá de la coyuntura y mirar los efectos estructurales", afirmó Cordero.

También destacó que el proyecto de las RUF busca entregar mayor certeza jurídica a las fuerzas armadas y las policías ya que dota de estatus legal algo que hasta ahora está a nivel de una regulación administrativa.