Programas Radio Usach

El Presidente José Antonio Kast anunció en cadena nacional la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de más de 30 iniciativas legales con las que el Gobierno busca reforzar la persecución penal, endurecer las sanciones y ampliar las herramientas del Estado para enfrentar la delincuencia.

El politólogo y académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella, cuestionó en el programa Línea uno de Radio Usach los anuncios presentados por el Ejecutivo. El especialista puso especial énfasis en la propuesta de ampliar a 180 días el plazo de detención para migrantes en situación irregular, medida sobre la cual afirmó: "Esto la verdad es que huele mal".

Mella advirtió que la iniciativa trasciende lo estrictamente legal y plantea serias dudas respecto a la afectación de los derechos de las personas. En ese contexto, el académico hizo hincapié en el impacto sobre familias con niños, cuestionando si se detenía también a los menores de edad y alertando sobre el riesgo de revictimizar o vulnerar a niños y adolescentes.

"Yo quiero ser muy respetuoso con el ministro Alvarado, pero la verdad es que el antecedente del cuidado a los menores a cargo del Sename, institución del Estado, no da garantías de que el Estado sea una institución responsable del cuidado a los menores de edad", afirmó sobre el resguardo ideal de los menores.

Asimismo, precisó que las personas que han ingresado por pasos no habilitados no son necesariamente delincuentes. "Aquí hay personas que llegaron, entraron efectivamente por pasos ilegales, pero que no han cometido delitos hasta ahora", señaló.

A las aprensiones en materia de derechos, el analista sumó el factor económico, detallando que la población migrante en situación irregular en Chile bordea entre las 350 mil y 400 mil personas. Mella enfatizó que el costo de mantener detenida a una persona en el país es muy elevado, por lo que una eventual detención masiva —incluso de mil personas— desataría una discusión nacional sobre la sostenibilidad financiera del sistema. "Una cosa son los anuncios, las intenciones, y otra cosa es la viabilidad de implementar esto", concluyó.

Además de la medida migratoria, Mella abordó otros puntos de la pauta de seguridad anunciada, como el despliegue permanente en los 50 barrios más críticos del país —el cual requiere gestión, personal y conlleva riesgos de estigmatización— y la ampliación del plazo de flagrancia de 2 a 24 horas.

Del mismo modo, el académico observó vacíos en la agenda gubernamental, señalando la ausencia de medidas operativas contra el crimen organizado y el lavado de dinero mediante la gestión aduanera e inteligencia, aspectos que a su juicio dependen de la gestión institucional y no de nuevos proyectos de ley.