La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que, tras la revisión de todos los casos de pensiones de gracia otorgadas por el estallido social de octubre de 2019, un total de 27 beneficios serán revocados.
De acuerdo con la información que manejaba el Gobierno sobre estos casos, de un total de 418 personas que recibieron pensiones, 69 figuran con antecedentes penales.
Según la Contraloría General de la República, 58 personas beneficiadas cuentan con condenas por delitos de estafa, producción de material pornográfico infantil, robo con violencia, homicidio, tráfico y microtráfico de estupefacientes, abuso sexual y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.
“Respecto de estos casos, los 69 donde había antecedentes penales, ya se hizo la revisión completa, pasó por la comisión, chequeo y en definitiva el Presidente de la República fue quien tuvo la palabra final”, explicó Tohá.
También la titular de Interior detalló que, de ese total de 69 casos de pensiones otorgadas a personas con antecedentes penales, 21 se entregaron en el gobierno del Presidente Boric y 6 en el de Sebastián Piñera.
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