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En la presentación del proyecto de Ley de Recuperación Nacional, el presidente José Antonio Kast anunció que busca limitar la edad para que los estudiantes universitarios puedan acceder a la gratuidad, lo que sin duda generó una fuerte controversia.

La iniciativa, que fue anunciada el sábado durante su visita a Lirquén, contempla cinco ejes con 40 medidas, de las cuales el propio mandatario indicó que “a veces son impopulares”. 

La medida está incluida dentro del eje de “Reconstrucción fiscal”, donde plantea la “Contención del gasto mediante ajustes a la gratuidad universitaria: limitar la gratuidad a estudiantes menores de 30 años y frenar su extensión a nuevos deciles”.

La iniciativa propone “moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema y el fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE)”.

En conversación con Mesa Central, de Canal 13, el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que "la gratuidad seguirá tal como está si estás estudiando. No va a perder (el beneficio) a causa de esta ley", pero advirtió que "futuras personas que quieran matricularse, y que cuenten con más de 30 años, no tendrán acceso a la gratuidad".

MATRÍCULAS SE HAN DUPLICADO

Cabe señalar que, entre 2020 y 2024, la matrícula de estudiantes mayores de 35 años creció un 67,5%. En solo cinco años, este grupo pasó de 95 mil a más de 159 mil personas. Y en la última década, estos estudiantes se ha más que duplicado.

Además, según estadísticas del Sistema de Información en Educación Superior, la matrícula de pregrado ha crecido sostenidamente en la mayoría de rangos de edad de estudiantes no tradicionales, entre 2015 y 2024, el número de estudiantes de pregrado de las universidades entre 30 y 34 años pasó de 31.028 a 31.409. En el grupo de 35 a 39 años, el crecimiento fue más importante: de 14.749 a 18.655. Finalmente, los estudiantes de 40 años o más aumentaron de 15.151 a 23.188.

Una de las voces más críticas fue la del diputado socialista Daniel Manouchehri, quien puso el foco principalmente en las medidas vinculadas al sistema de educación superior y al financiamiento fiscal, señalando que algunas de ellas podrían afectar directamente a las familias de clase media.

“Kast prometió no tocar los derechos sociales, pero su primera agenda reduce la gratuidad y persigue a los deudores del CAE”, planteó.