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En un hecho inédito, la justicia chilena condenó al exministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete, y al exdirector de Inteligencia del Ejército, general (r) Shafik Nazal, por la interceptación ilegal de las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel, quien investigaba corrupción dentro de la institución militar.

Ambos aceptaron su responsabilidad en un procedimiento abreviado, recibiendo una pena de cinco años de presidio junto con la pérdida perpetua de sus derechos políticos.

El caso forma parte de la denominada "Operación Topógrafo", que reveló cómo la Dirección de Inteligencia del Ejército utilizó la Ley de Inteligencia de manera ilegal entre 2016 y 2018. Según la investigación, el Ejército intervino comunicaciones en al menos 15 oportunidades. 

El mecanismo consistía en que el general Nazal presentaba solicitudes con argumentos y nombres falsos para simular actividades ilícitas. Por su parte, el exjuez Poblete autorizaba las solicitudes sabiendo perfectamente que los datos eran falsos.

Esta red de espionaje telefónico no solo afectó a Weibel, sino también al excapitán Rafael Harvey, a exfuncionarios y a denunciantes de irregularidades dentro del Ejército, excediendo los límites legales de la normativa de seguridad nacional.

La fiscal Ximena Chong destacó que el fallo marca un precedente importante, ya que es la primera condena registrada contra agentes del Estado por usar indebidamente la Ley de Inteligencia contra la prensa. 

Por su parte, Mauricio Weibel valoró la resolución como un hito para la defensa de la libertad de expresión y una señal clara de que no habrá impunidad para quienes hostigan al periodismo de investigación: “Este fallo inédito en la historia judicial del mundo marca un precedente de máxima importancia para la defensa de la libertad de expresión, pues constituye una señal clara de que no puede haber impunidad para quienes agreden a periodistas, en especial a aquellos que investigamos casos de corrupción e interés público”, afirmó para El Mostrador.  

Finalmente, la abogada Karinna Fernández, representante del periodista, sostuvo que “cuando se interviene el teléfono de un periodista que investiga, se interviene la democracia misma”.