La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que busca otorgar rango legal al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
Cabe señalar que actualmente funciona sobre la base de un decreto administrativo, por lo que está expuesto a eventuales modificaciones o retrocesos ante cambios de gobierno. La iniciativa busca asegurar su continuidad, estabilidad y permanencia en el tiempo para que no se dependa de la voluntad política de turno, sino que se transforme en una obligación permanente del Estado.
La propuesta fue respaldada por ocho votos a favor y una abstención, y abrió un plazo de una semana para la presentación de indicaciones, lo que permitirá continuar su tramitación legislativa.
La autora del proyecto, la diputada Lorena Fries, hizo un llamado al Gobierno exigiéndole que le ponga patrocinio a esta iniciativa. "Que le de la urgencia necesaria para sacarlo ahora, durante el mes de enero de la Cámara de Diputados y Diputadas", señaló.
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