Noticias

Tras un tenso debate y en una estrecha votación, la Sala del Senado aprobó en general, con 23 votos a favor y 22 en contra, el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que cumplan ciertas condiciones de salud y edad.

Desde el gobierno, Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, calificó como un “día negro para la democracia” la aprobación en general por parte del Senado del proyecto que abre la posibilidad de conmutar condenas a criminales adultos mayores y que podía beneficiar a condenados por lesa humanidad y otros delitos.

Gajardo además entregó cifras respecto al universo de criminales que se verían beneficiados con la norma y cifró en que se trataría de más de 300 condenados por lesa humanidad, más de 300 criminales condenados por homicidio, femicidio, violaciones de niños, niñas y adolescentes, y parricidio.

¿QUÉ DICE EL PROYECTO?

La iniciativa,  que fue presentada por los senadores de Chile Vamos Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, consta de cuatro artículos, el primero de los cuales establece cinco principios que deben seguirse en el cumplimiento de la pena penal.

Cabe señalar que en el segundo artículo establece que la reclusión domiciliaria total consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por el encierro en el domicilio del condenado, durante las veinticuatro horas del día y que en ningún caso podrá fijarse como domicilio aquel en el que actualmente resida la víctima del delito por el cual la persona fue condenada.

En tanto, el tercer artículo establece las hipótesis en que el tribunal puede decretar el cumplimiento alternativo de la pena en una modalidad de reclusión domiciliaria total, por el tiempo que reste de condena. 

El artículo señala que: 

1.- Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario, por cualquier motivo, le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica.

2.- Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal.

3.- Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel

4.- Al interno mayor, cumplido 80 ochenta años o más, como resultado de la suma de su edad real, más los años que efectivamente ha estado privado de libertad en un recinto penal, teniendo una edad mínima de 70 setenta años.

LA QUINTRALA, EL ASESINO DE ÁMBAR, POSIBLES FAVORECIDOS

Es justamente este artículo el que podría abrir la puerta a que condenados como Hugo Bustamante, quien asesinó a Ámbar Cornejo; o Julio Pérez, conocido como el psicópata de Alto Hospicio, además de María del Pilar Pérez (la Quintrala) y Miguel Krassnoff, agente de la DINA condenado por crímenes de lesa humanidad, o al recientemente encarcelado Miguel Ángel Cerda, imputado como el autor intelectual de un sicariato, puedan ser beneficiados con esta iniciativa, que cumple su primer trámite y que tendrá el hasta el 16 de marzo para presentar indicaciones.

Otro reo que podría ser beneficiado es Eduardo Macaya, que tiene 73 años y que fue condenado por cuatro delitos de abuso sexual contra menores. Es por esta razón que, durante la sesión en el Congreso, el senador Daniel Núñez pidió formalmente que Javier Macaya se inhabilitara de participar en la votación, argumentando un eventual conflicto de intereses. Finalmente, el parlamentario de la UDI pudo votar e inclinó la balanza a favor de la iniciativa.

El abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, fue uno de lo que alzó la voz contra el proyecto de cumplimiento alternativo de penas para adultos mayores, apuntando que podría beneficiar a peligrosos criminales. y calificándolo como una norma "de locos".

Esta norma es de locos. Beneficiaría a una larga lista de criminales incluyendo a María del Pilar Pérez (la Quintrala) o al recientemente encarcelado Miguel Ángel Cerda, imputado como el autor intelectual de un sicariato. https://t.co/SDvjc40Khd

— Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) March 4, 2026

"La iniciativa favorece a condenados sanos con más de 70 años (no sólo a mayores de 80) e incluso a enfermos crónicos de cualquier edad (mucho más que enfermos terminales)", afirmó en su cuenta de X.

Gajardo agregó que "el proyecto aprobado en general no exige edad mínima para acceder al derecho. El enfermo crónico (diabetes, hipertensión, asma, etc) con cualquier edad, por cualquier delito, puede cumplir su pena en su domicilio cuando no pueda ser tratado adecuadamente en prisión. Aberrante".

En tanto, Ricardo Sáez, abogado de derecho constitucional y académico de la Facultad de Derecho de la Usach, abordó este proyecto y señaló que "efectivamente, y en la medida que cumplan con los requisitos que establece el proyecto de ley, María del Pilar Pérez, o el psicópata de Alto Hospicio, entre otros, podrían cumplir su condena en el domicilio, producto de la situación de salud que podrían tener, siempre y cuando esté acreditado".

El profesional también aclaró que incumplen las condiciones por los cuales se les dio el beneficio, deberían "volver al recinto penal al cumplimiento de la condena".

El abogado de derecho constitucional planteó que esta iniciativa podría tener observaciones, que se tendrán que ver en el Congreso. "Es parte del proceso democrático que en el Congreso se hagan todas las observaciones necesarias o posibles a objeto de mejorar y de poder conciliar finalmente la política criminal con los estándares internacionales de derechos humanos", complementó.

Ante la opción de que Miguel Krassnoff, agente de la DINA, pueda ser uno de los beneficiados, el académico Usach manifestó que entre los requisitos del proyecto no se distingue qué delitos se van a incluir o son susceptibles de obtener beneficio por parte de los condenados.

"Es parte de la discusión que se tiene que dar ahora en el Congreso con respecto a los compromisos internacionales que ha suscrito el estado de Chile en materia de derechos humanos", acotó.