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Un reportaje de Ciper reveló que las gestiones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para agilizar las tramitaciones ambientales, facilitaron la aprobación ambiental del millonario proyecto inmobiliario Alto Santorini en Concón, pese que el Sernageomin no ha levantado su reparo, pues esa entidad considera que el complejo aún no entrega un estudio específico sobre el riesgo de “remociones en masa” en el terreno.

El costo de la obra alcanza los US$43,6 millones de la cual el hermano del secretario de Estado, Víctor Quiroz, no solo es el diseñador y lobista, sino también propietario de una fracción equivalente al 12% del proyecto.  

Cabe recordar que en enero pasado, fue el propio Quiroz quien adelantó, en una entrevista con El Mercurio, algunos detalles del plan que preparaba para el nuevo gobierno: "Estamos construyendo un programa de gestión para advertir a cada ministro, con semanas de anticipación, cuándo algún subordinado debe emitir un informe y lo obliga a hacerse responsable de esa respuesta. Hoy, si un proyecto se detuvo por una observación ridícula, nadie se hace responsable (...) Eso requiere de una coordinación estrecha, que se hará desde Hacienda”.

La estrategia, encargada por el ministro Quiroz, consiste en un sistema de monitoreo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su posterior análisis en un Comité de Proyectos en el SEIA, compuesto por las subsecretarías de Economía, Interior, Medioambiente y Hacienda. La instancia no cuenta con actas públicas, señala el reportaje. 

Consultado por Radio Bío Bío, el secretario de Estado calificó como “absolutamente falso” las acusaciones que exista una relación entre las decisiones adoptadas por su cartera y la aprobación ambiental

“Primero que nada, las políticas del Gobierno lo que han hecho es apurar los procesos de toma de decisión de organismos, no han empujado decisiones ni positivas ni negativas, sino que apurarlas”, respondió Quiroz ante las imputacciones.

La reacción de la oposición no se hizo esperar. El diputado Jaime Bassa (FA) ofició a distintos organismos públicos para solicitar antecedentes sobre la tramitación ambiental y urbanística del complejo.

“Cuando existen reuniones previas con autoridades que después deben pronunciarse sobre un proyecto y, además, hay un vínculo familiar directo entre quien participa de su diseño y un ministro de Estado, la transparencia y la probidad deben estar especialmente resguardadas”, señaló.

El diputado agregó que su labor fiscalizadora busca “revisar cómo se tomaron las decisiones” y entregar garantías de que el proceso se desarrolló con imparcialidad.

Por su lado, el diputado Daniel Manouchehri (PS), adelantó que oficiará a la Contraloría General de la República.

“Con un comité dirigido desde Hacienda que no fue creado por ley y sin actas públicas conocidas. Vamos a oficiar a la Contraloría para que investigue y nuestros equipos jurídicos van a analizar todos los antecedentes. Quiroz tiene que dar explicaciones al país”, enfatizó.