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Nuevos antecedentes salen a la luz pública sobre la firma del decreto que otorgaba la concesión para el proyecto de cable submarino impulsado por la empresa China Mobile.

En medio de la tensión política y diplomática que se desató luego de que Estados Unidos afirmara que el proyecto entre Chile y China "minaba la seguridad regional" y resolviera revocar las visas de tres autoridades del Ejecutivo, El Mercurio publicó que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto el 27 de enero pasado que autorizaba la concesión, pero la autorización fue anulada dos días después.

Según publica el medio, el documento se establecía: “Otórgase una concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, a la empresa CMI Chile SPA”.

La autorización tenía una vigencia de 30 años y permitía instalar y operar un cable submarino de fibra óptica que uniría Hong Kong con Concón, utilizando tecnología DWDM.

De acuerdo a esta información, la iniciativa, impulsada por China Mobile International (CMI), contemplaba un tendido de 19.873 kilómetros y la instalación de 266 repetidores en aguas internacionales y 16 en la Zona Económica Exclusiva de Chile.

El decreto detallaba plazos estrictos: inicio de obras en un mes, término en 18 y puesta en servicio en 20. Sin embargo, la aprobación ministerial “se refiere exclusivamente a los elementos de la concesión instalados en territorio de Chile”.

Dos días después, el 29 de enero, el documento fue anulado. La jefa subrogante de la División de Administración y Finanzas de la Subtel, Brunilda Vergara, solicitó la invalidación por instrucción del jefe de gabinete, Guillermo Petersen, quien argumentó “razones de error técnico o en su tipeo”. El comentario quedó registrado por Alexis González, encargado de la Unidad de Gestión Documental.

La marcha atrás generó interrogantes sobre el verdadero estado del proyecto. Consultado, el ministro Muñoz explicó: “No hay nada sorpresivo ni contrario a lo que ya he señalado. Este proyecto se encuentra en su etapa de evaluación y la firma del decreto fue anulada justamente con el objetivo de recabar más antecedentes en el marco de su análisis”.

“Es importante señalar que no se ha enviado nada a Contraloría General de la República para toma de razón. La decisión final se adoptará una vez que se hayan revisado todos los antecedentes”, añadió la autoridad.