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Hace unos días,  la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la reforma a la Ley de Glaciares, una normativa impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei que otorga a las provincias la potestad de redefinir las zonas periglaciales, abriendo la puerta a proyectos de minería de litio, cobre y oro en áreas anteriormente protegidas.

El avance de esta iniciativa es vista con especial cuidado en Chile, que posee cerca del 80% de los glaciares de Sudamérica. Tras la aprobación, diversos expertos mostraron su preocupación por el impacto que podrían tener los ecosistemas compartidos con el país vecino.

Desde la Fundación Glaciares Chilenos señalaron en su cuenta de Instagram que "el discurso habla de crecimiento pero la realidad es menos protección, más extractivismo". Agregaron que la ley trasandina "no era un obstáculo, era un límite claro frente a la explotación en zonas críticas".

Por otro lado, Matías Asún, director de Greenpeace Chile, señaló a Cooperativa Ciencia que la reforma es un "preocupante retroceso ambiental" y planteó que "corremos el riesgo de perder reguladores naturales del clima, reservas de agua sólida que se descongela en épocas más cálidas y lleva agua a sectores áridos, y de esta manera afectar no solo al ambiente sino también a las economías regionales que dependen del agua de glaciares para desarrollarse".

En tanto, Jorge Aranda, experto en derecho ambiental y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, abordó cómo esta ley podría afectar a Chile. 

"Las leyes en Argentina que dependen de las provincias no siempre tienen una buena aplicación. Por ejemplo, hace ya varios años tienen una ley de presupuestos mínimos para proteger bosques, y no todas las provincias o muy pocas han logrado cumplir la meta y el objetivo social", acotó.

El experto agregó que "si me dicen ahora vamos a tener una ley que le va a asignar competencias provinciales sobre protección de glaciares, yo tendría a pensar que vamos a tener realidades dispares, no necesariamente va a haber una protección quizá adecuada conforme a estos precedentes en otras leyes. Creo que podría haber una desprotección y un retroceso en protección ambiental".

Sobre si se podrían ver perjudicado las cuencas hídricas que son compartidas, el académico Usach relató que "podría haber afectación". Justamente, para proteger los ecosistemas nacionales, Aranda planteó que "correspondería a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), que es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, evaluar cuáles podrían ser las acciones que tomaría cada provincia en el caso y activar los mecanismos que tiene para evitar impactos transfronterizos aplicando estos tratados internacionales que Chile ha suscrito previamente con Argentina".

El experto en derecho ambiental comentó que "debería haber una continuidad de política de Estado de proteger nuestros recursos naturales, si se quiere en términos muy generales, nuestro ecosistema, sin perjuicio a las actividades binacionales que pudieran ocurrir con los países vecinos".

A su vez, las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands presentaron el informe técnico “La importancia de los glaciares para la biodiversidad argentina y los potenciales riesgos de su desprotección”, donde advierten sobre los impactos ecológicos, hídricos y climáticos que implicaría debilitar la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar.

En términos de biodiversidad, el informe advierte que el 56% de las especies evaluadas en el país habita en regiones alimentadas por agua de glaciares. Esta dependencia asciende al 86% en mamíferos, 78% en reptiles y 69% en anfibios. Además, en estas áreas se concentra la mayoría de las especies amenazadas: el 83% de los anfibios, el 70% de los mamíferos, el 56% de los reptiles y el 53% de los peces de agua dulce categorizados como Vulnerables o En Peligro a nivel global por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).