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Durante 18 años, el caso de Mariana Loreto Sepúlveda León permaneció marcado por una pregunta sin respuesta: ¿qué ocurrió con la joven de 19 años que desapareció en Conchalí cuando se dirigía a su colegio?

Ahora, una confesión vuelve a poner el caso en el centro de la investigación penal. Un hombre de 42 años, identificado como vecino de la joven, llegó hasta la Quinta Comisaría de Carabineros de Conchalí y aseguró haberla asesinado luego de una discusión. Según su propio relato, posteriormente enterró sus restos en su vivienda y, cinco años después, en 2013, los exhumó y los arrojó a la basura.

El testimonio abrió una nueva línea investigativa que actualmente está siendo desarrollada por la Fiscalía Centro Norte y el OS-9 de Carabineros. Equipos especializados realizaron excavaciones y peritajes en el inmueble señalado por el imputado con el objetivo de encontrar evidencia que permita comprobar su versión.

El fiscal Marcelo Cabrera confirmó que el Ministerio Público cuenta con antecedentes adicionales para sostener la imputación por homicidio.

“Tenemos información mucho más fundada que nos permite corroborar sus dichos con otros antecedentes”, explicó el persecutor, quien precisó que las diligencias permitieron reunir antecedentes suficientes para solicitar al tribunal una orden de detención.

Un elemento particularmente relevante para la investigación es que, según la Fiscalía, el hombre no aparecía anteriormente vinculado a la causa por la desaparición de Mariana, iniciada en 2008.

“No había antecedentes de esta persona en la causa”, enfatizó Cabrera.

LA PRESCRIPCIÓN, EL PRINCIPAL DESAFÍO JURÍDICO

Más allá de la investigación policial, el caso presenta un complejo escenario desde el punto de vista penal debido al tiempo transcurrido.

Para el abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, Marcos Contreras, el delito que eventualmente podría atribuirse al imputado sería homicidio simple o calificado. Sin embargo, advierte que existe un elemento determinante: la prescripción.

“El delito sería un delito de homicidio, probablemente calificado, pero también podría ser un homicidio simple. La prescripción operaría en el plazo de 10 años y, por lo tanto, en este caso, la responsabilidad penal, la acción penal, estaría prescrita”, explica el académico.

Esto significa que, de acuerdo con su análisis, el paso de 18 años desde la desaparición de Mariana podría generar un obstáculo para perseguir penalmente al presunto responsable.

No obstante, el propio abogado advierte que existen circunstancias que podrían modificar ese escenario.

“La única excepción a esa cuestión es si es que se hubiera cometido por el sujeto algún delito en el tiempo intermedio, operando la interrupción de la prescripción, y o si es que el autor hubiera salido del país, caso en el cual la prescripción corre más lento”, señala Contreras.

En este último caso, agrega, el período transcurrido fuera de Chile se contabilizaría de una manera distinta. “Un término tal es que cada día se cuenta como medio día simplemente, entonces si alguien estuvo afuera un año, solamente corrió la prescripción a su favor seis meses”, explica.

Por ello, determinar qué ocurrió durante estos 18 años y establecer si existen antecedentes que hayan interrumpido o suspendido el plazo de prescripción será una cuestión relevante para la investigación.

UNA CONFESIÓN NO BASTA PARA CONDENAR

Otro aspecto central será el valor que los tribunales otorguen a la declaración entregada por el hombre. El imputado acudió voluntariamente a Carabineros y entregó un relato detallado sobre la supuesta relación que mantenía con Mariana, la discusión que habría antecedido al crimen y el destino que posteriormente habría dado a sus restos.

Sin embargo, desde el punto de vista procesal, una autoinculpación no es suficiente por sí misma para obtener una condena. “Respecto al valor probatorio, el Código Procesal Penal establece que no se puede condenar a una persona con el solo mérito de su confesión”, explica Marcos Contreras.

Por esta razón, la investigación de la Fiscalía resulta fundamental. Los peritajes realizados en la vivienda, la búsqueda de restos, eventuales evidencias biológicas, testimonios, registros y otros antecedentes podrían permitir corroborar o descartar los elementos entregados por el imputado.

“Según antecedentes adicionales, por supuesto, la confesión sería un elemento más para aprobar la responsabilidad penal”, sostiene el académico.